Mientras los municipios reciben cada vez más competencias, demandas y responsabilidades, buena parte de los recursos continúa concentrada en los niveles superiores del Estado. Avanzar hacia una Carta Orgánica propia es un paso histórico para Concepción del Uruguay, pero la verdadera autonomía también exige discutir cómo se financia.
Las recientes jornadas sobre autonomía municipal realizadas en la Universidad de Concepción del Uruguay, en las que tuve la oportunidad de participar durante toda la jornada, me dejaron una convicción todavía más fuerte: nuestra ciudad tiene una oportunidad histórica de avanzar hacia su propia Carta Orgánica.
La Constitución entrerriana reconoce la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera de los municipios y habilita a las ciudades de más de 10.000 habitantes a dictar su propia Carta. Casi dos décadas después de la reforma de 2008, ningún municipio entrerriano la concretó.
Para Concepción tendría además un enorme valor simbólico. Desde la Cuna de la Organización Nacional podríamos volver a ser pioneros, dándonos nuestra propia constitución local. Una Carta Orgánica permitiría mejorar la participación, los controles, el gobierno abierto y la organización de un municipio más moderno y eficiente.
Pero durante las jornadas apareció una pregunta todavía más profunda: ¿qué autonomía puede ejercer realmente un municipio si no cuenta con los recursos necesarios para sostenerla?
Porque mientras discutimos la autonomía institucional, desde hace años se modifica silenciosamente la arquitectura del Estado: competencias y responsabilidades bajan hacia provincias y municipios, mientras buena parte de los recursos continúa concentrada arriba. Ese nuevo reparto nunca fue discutido integralmente como modelo de país.
Hace pocos días el gobernador Rogelio Frigerio señaló que “las provincias cuentan hoy con recursos similares a los de la pandemia, pero con muchas más responsabilidades”.
Y por supuesto, cuando faltan recursos en las provincias, ese ajuste termina sintiéndose también en los municipios.
Uno de los momentos que más me interesó de las jornadas fue cuando el presidente municipal, José Lauritto, repasó cómo durante décadas distintas competencias fueron bajando desde Nación hacia las provincias y, muchas veces, desde allí hacia los gobiernos locales.
Educación, salud, agua, cloacas y otros servicios atravesaron procesos de descentralización. En nuestro caso hay un ejemplo claro: cuando Nación transfirió agua, cloacas y pluviales a Entre Ríos, la Provincia prácticamente de inmediato los trasladó al municipio.
Hoy las demandas son mayores. Los municipios intervienen cada vez más en transporte, ambiente, asistencia social, discapacidad y, en muchos casos, salud y educación. Y ni siquiera hace falta una transferencia formal: cuando Nación deja de financiar una obra o elimina un programa, la necesidad no desaparece. El vecino sigue teniendo el problema y golpea la puerta que tiene más cerca: la municipal.
Según IARAF, en 2025 la inversión real directa nacional por habitante fue 73% menor, en términos reales, que en 2023.
Pero para entender mejor el problema no alcanza con mirar cuánto cayó una determinada partida: también hay que observar cómo se distribuye el gasto público entre los distintos niveles del Estado. En 2024, el gasto público consolidado argentino fue equivalente a aproximadamente 35,6% del PBI: 18,1 puntos correspondieron a Nación, 14,5 a provincias y CABA y apenas 3 puntos a municipios.
Dicho más sencillo: de cada $100 que gasta el Estado argentino, aproximadamente $51 corresponden a Nación, $41 a provincias y CABA y sólo $8 a los municipios.
Que los municipios ejecuten una porción tan pequeña no es casual. También responde a que no todos los recursos recaudados centralizadamente bajan luego en la misma proporción. Parte se distribuye automáticamente por coparticipación y otros recursos quedan sujetos a mecanismos específicos de asignación.
Entre Ríos intentó poner garantías: su Constitución fija pisos de coparticipación municipal, 16% de los recursos nacionales coparticipables recibidos por la Provincia y 18% de los tributos provinciales, y establece que no puede haber transferencia de competencias, servicios o funciones sin la correspondiente asignación de recursos.
Sin embargo, aparecen nuevas tensiones. A nivel nacional, desde 2024 se eliminaron o reestructuraron fondos fiduciarios vinculados con vivienda, infraestructura y transporte, entre otros.
A nivel provincial, la reforma previsional trasladó hacia los municipios parte del déficit de la Caja provincial. En Concepción del Uruguay estimé que ese impacto podría acercarse a los $4.000 millones anuales.
Mientras tanto, en 2025 ocurrió algo significativo: por primera vez, los recursos propios municipales superaron a los provenientes de Nación y Provincia juntos, aproximadamente 51% contra 49%.
Ese dato puede leerse como una fortaleza, pero también muestra que el municipio depende cada vez más del esfuerzo fiscal local y confirma un nuevo reparto de competencias y recursos nunca acordado integralmente.
Más competencias, más demandas y menos recursos producen algo sencillo de entender: el déficit no desaparece; simplemente baja de ventanilla.
Y baja hacia la ventanilla más cercana y visible para el ciudadano: la que tiene funcionarios con nombre y apellido y vecinos cada vez más impacientes, y con razón, frente a resultados del Estado que muchas veces no responden a sus expectativas.
Por eso, cada transferencia de competencias, servicios o funciones debería responder tres preguntas básicas: ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuánto cuesta? y ¿Quién aporta los recursos?
También de eso debería tratarse el federalismo. Por eso, la Carta Orgánica puede ser un enorme paso adelante para Concepción del Uruguay. Pero deberíamos aprovechar ese debate para plantear algo mayor: cómo construir municipios verdaderamente autónomos dentro de un sistema fiscal que todavía concentra buena parte de sus recursos en los niveles superiores.
Porque la autonomía institucional importa, pero la económica y financiera también.
(*) Economista y Concejal.
