El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo lugar parcialmente a una apelación y estableció que las prestaciones deberán cumplir con los estándares de alimentación saludable fijados por la legislación provincial. El Ejecutivo conservará la facultad de definir cómo implementar las medidas.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió este jueves sobre el amparo presentado por un grupo de padres, AGMER y la Fundación CAUCE contra el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares implementado por el Gobierno provincial.
El máximo tribunal entrerriano hizo lugar parcialmente al recurso presentado por los amparistas y precisó el alcance de una sentencia dictada el pasado 21 de agosto. En ese marco, determinó que la obligación de la Provincia no se limita a evitar productos que tengan sellos de advertencia, sino que también debe garantizar que las prestaciones cumplan con los estándares de alimentación saludable establecidos por la Ley Provincial 10.594.
La resolución aclara, sin embargo, que será el Poder Ejecutivo el encargado de establecer los mecanismos técnicos y organizativos necesarios para cumplir con esas exigencias. De esta manera, la intervención judicial se limita al control del cumplimiento de las obligaciones legales y no avanza sobre las decisiones propias de la Administración.
El Tribunal sostuvo que la evaluación del sistema alimentario no puede centrarse únicamente en la presencia o ausencia de sellos en los productos, sino que debe considerar también su composición nutricional y el cumplimiento integral de las normas vigentes sobre alimentación saludable.
No se ordenó volver al sistema anterior
El fallo tampoco dispone el regreso al esquema de alimentación que funcionaba anteriormente ni ordena reemplazar el modelo implementado por la Provincia. El Gobierno podrá continuar con la transformación del sistema, siempre que las prestaciones se adecuen a los estándares establecidos por la normativa provincial.
En tanto, el Superior Tribunal rechazó otros planteos realizados por los amparistas. Entre ellos, desestimó el pedido para que en este proceso se exigiera la presentación de los menús completos del nuevo sistema y una acreditación anticipada y general del cumplimiento de todos los estándares mencionados.
Según estableció el Tribunal, si se produce un incumplimiento concreto, las eventuales controversias deberán plantearse durante la etapa de ejecución de la sentencia.
De esta manera, la Provincia continuará con el proceso de modificación del sistema de alimentación escolar a través de la mesa de trabajo interinstitucional integrada por especialistas, universidades y la empresa proveedora. El objetivo será adecuar las prestaciones a los estándares fijados por la Justicia y reforzar los mecanismos de seguimiento, control y evaluación nutricional.
