El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional propone modificar y derogar distintos artículos de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Entre los principales cambios aparecen el sistema de aranceles para las prestaciones, la compatibilidad entre pensiones y empleo, la cobertura de salud y los mecanismos de actualización de los valores.
Uno de los puntos que generó mayor cuestionamiento es la eliminación del artículo 14 de la ley, que estableció un nomenclador único a nivel nacional para las prestaciones del sistema. De avanzar la iniciativa, los valores dejarían de estar definidos bajo un esquema homogéneo para todos los prestadores.
El proyecto también modifica el artículo 7 bis de la normativa y establece que el nomenclador no tendrá valores universales. Además, dejaría de aplicarse el mecanismo de actualización automática de los aranceles vinculado a la movilidad de las jubilaciones y pensiones.
Desde la oposición cuestionaron estos cambios. El diputado de Unión por la Patria Juan Marino sostuvo que la nueva modalidad podría derivar en valores diferenciados según cada obra social, prepaga o jurisdicción. En una interpretación similar, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, señaló que el proyecto permitiría que cada organismo obligado determine los montos en su relación con los prestadores.
Cambios en las pensiones y el empleo
Otro de los puntos centrales está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad. La Ley 27.793 actualmente establece que el beneficio puede mantenerse cuando la persona tiene un empleo formal o está inscripta en un régimen tributario, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se supera ese límite, la pensión queda suspendida y puede solicitarse su rehabilitación cuando cambie esa situación.
El proyecto de Presupuesto propone modificar este esquema. Según los cuestionamientos planteados por legisladores opositores, la modificación eliminaría esa compatibilidad y podría afectar a quienes cuentan con un empleo registrado o una inscripción tributaria, aun cuando sus ingresos sean reducidos.
También se cuestiona la eliminación del mecanismo de suspensión temporaria y posterior rehabilitación de la pensión una vez finalizada la relación laboral o cuando los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del límite establecido.
Menos herramientas para determinar los aranceles
Otra de las modificaciones contempladas apunta al estudio de costos de las prestaciones. La legislación vigente establece que el sistema debe realizar anualmente un análisis de los costos de cada prestación para contemplar aquellos aumentos que no quedan reflejados en el Índice de Precios al Consumidor.
La propuesta presupuestaria elimina esa herramienta, lo que generó críticas entre representantes del sector y legisladores opositores, quienes advierten que podría dificultar la actualización de los valores de prestaciones como rehabilitación, centros de día, educación terapéutica y transporte.
El planteo adquiere relevancia porque el propio Gobierno informó recientemente una actualización del 1,7% del nomenclador correspondiente a septiembre, en el marco del esquema vigente de actualización de las prestaciones.
Modificaciones en la definición y cobertura
El proyecto también propone derogar el artículo 5 de la Ley 27.793, que remite a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para definir a quiénes alcanza la normativa.
A esto se suma otra modificación vinculada con la cobertura sanitaria de los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad. El artículo 41 del proyecto propone eliminar una disposición de la ley de emergencia referida a esta cobertura.
Estos cambios forman parte de un paquete de modificaciones que el Ejecutivo incorporó al proyecto de Presupuesto 2027, mientras en el Congreso continúa el debate sobre la continuidad de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Desde la oposición, legisladores como Marino y Ferraro cuestionaron el alcance de la iniciativa y sostuvieron que los cambios podrían afectar derechos y condiciones de acceso a prestaciones para las personas con discapacidad. El Gobierno, en tanto, había defendido ante el Congreso sus políticas para el sector y planteado la necesidad de garantizar la atención y actualizar las prestaciones bajo criterios de sostenibilidad y transparencia.
