Arquitecto – Docente
Hace 156 años, el 20 de septiembre de 1870, los cañones del general Raffaele Cadorna abrieron un boquete en la muralla Aureliana, cerca de la Porta Pía, en Roma. Por ahí entraron los bersaglieri del ejército del recién nacido Reino de Italia, y con ellos terminó el poder temporal de los papas en Italia. Roma —la Roma de los Estados Pontificios, la de los tribunales eclesiásticos y el índice de libros prohibidos— dejaba de ser una teocracia para convertirse en capital de un Estado laico. De ahí viene que esta fecha se conmemora en algunos lugares del mundo como el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento.
Aquella acción militar, que consumó la unificación italiana y puso fin al poder temporal de los Estados Pontificios, trascendió las fronteras del mapa europeo para convertirse en una encrucijada conceptual de la modernidad. No se trató meramente de una disputa territorial ni de un alineamiento de fronteras geopolíticas: fue la victoria simbólica del Estado laico, de la tolerancia plural y de la autonomía del individuo frente al absolutismo dogmático.
Lo que se derrumbó aquella mañana en la muralla Aureliana no fue solamente un régimen político particular, sino una cierta manera de entender la relación entre la autoridad y la verdad: la idea de que existe un poder con derecho a fijar lo que se puede pensar, decir e imprimir. Contra esa pretensión, que reaparece bajo disfraces nuevos en cada generación, se erige el 20 de septiembre como fecha simbólica de la razón emancipada del dogma. No hace falta ser anticlerical —yo no lo soy— para reconocer que aquella Brecha significó, en los hechos, la ampliación del espacio de la conciencia individual frente a cualquier autoridad que pretenda monopolizar la verdad.
Conviene no confundir esta celebración con otras efemérides. No se trata del Día Mundial de la Libertad de Prensa impulsado por las Naciones Unidas y la UNESCO (que se recuerda el 3 de mayo, en memoria de la Declaración de Windhoek), sino de una conmemoración de raíz laica y liberal, vinculada al librepensamiento y a la tradición republicana que separa Iglesia y Estado. Su sentido original es político-filosófico: reafirmar que nadie debe ser hostigado por lo que piensa, dice o escribe, y que la diversidad de opiniones es condición de una sociedad abierta.
La libertad de expresión no es una concesión graciosa del poder ni un privilegio otorgado por las mayorías circunstanciales. Es un derecho humano fundamental, anterior y superior al Estado mismo, indisociable de la dignidad de la persona. Presupone la facultad indeclinable de dudar, de discrepar, de investigar y de difundir información e ideas sin persecuciones ni cortapisas de ningún tipo.
No es casual que la generación argentina que catorce años más tarde sancionó la ley 1420 de educación común, y más tarde el Registro Civil y el matrimonio civil, bebiera de fuentes muy parecidas a las que alimentaron a los bersaglieri que entraron por Porta Pía. Aquella dirigencia liberal y progresista del ochenta entendía la secularización del Estado no como una cruzada contra la fe de nadie, sino como la condición de posibilidad de la libertad de todos: solo un Estado que no impone una ortodoxia puede garantizar que cada cual profese la suya, o ninguna, sin quedar por ello sometido a alguna forma de discriminación que vulnere la igualdad.
La libertad de pensamiento no consiste solamente en el derecho a expresar aquello que pensamos. Es algo bastante más profundo: es el derecho a pensar. A dudar. A preguntar. A cambiar de opinión. A buscar argumentos. A equivocarnos. A escuchar al adversario. A revisar nuestras propias convicciones. Y, sobre todo, a no aceptar como verdad obligatoria aquello que una autoridad, cualquiera sea, pretende imponer como tal.
La civilización moderna no nació de la unanimidad. Nació, en buena medida, de la rebelión contra ella. El progreso humano ha sido posible porque hubo hombres y mujeres que se atrevieron a formular preguntas incómodas, a desafiar dogmas, a discutir tradiciones, a cuestionar privilegios y a sostener opiniones que en su tiempo eran consideradas absurdas, peligrosas o incluso heréticas. John Stuart Mill argumentó que una sociedad que silencia una opinión no solamente perjudica a quien la sostiene: se perjudica a sí misma, porque pierde la posibilidad de contrastar sus propias certezas.
De allí que la libertad de expresión no sea un adorno de las democracias republicanas. Es una de sus condiciones de existencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo expresó con admirable claridad en su artículo 19: toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio.
Y tampoco se trata de un derecho aislado. La libertad de pensamiento está íntimamente relacionada con la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de prensa, el derecho de reunión, el acceso a la información y, en definitiva, con la posibilidad efectiva de participar en una sociedad democrática.
Sin embargo, a más de siglo y medio de la gesta de la Porta Pía, las amenazas a la libertad de expresión del pensamiento no se han disipado; simplemente han mutado de ropaje. Las antiguas censuras de imprenta, los edictos absolutistas y los dogmas inapelables han dado paso a desafíos contemporáneos tanto o más sofisticados y perniciosos.
Aquí es donde la conmemoración de hoy deja de ser un capítulo de historia europea del siglo XIX para volverse asunto nuestro y contemporáneo. Porque el dogmatismo no necesita demasiadas condiciones para reproducirse. Cambia de vestuario y de lenguaje con una facilidad asombrosa, y hoy se presenta con frecuencia disfrazado de virtud progresista, de corrección política, de relativismo cultural, de sensibilidad ofendida que exige silencio o tolerancia a la desvirtuación de la universalidad de los derechos humanos en nombre de la paz social. La libertad de expresión del pensamiento no muere solamente por decreto; muere también, y quizás sobre todo hoy, por el cansancio de quien prefiere callar antes que arriesgarse al escrache o la cancelación.
¿En cuántos países en pleno siglo XXI la libertad de expresión del pensamiento y la libertad de culto están formal o realmente amenazadas o vulneradas en nombre de fundamentalismos y absolutismos, ya sea de raíz religiosa o ideológica? Más allá de la cantidad exacta, son demasiados.
La libertad de expresión del pensamiento no es un derecho adquirido de una vez y guardado en la Constitución como una reliquia; es un músculo que se atrofia si no se ejercita, y que se ejercita, precisamente, discutiendo con quien piensa distinto, y no solamente celebrando entre iguales lo bien que pensamos todos nosotros.
Pero tampoco existe libertad auténtica cuando solamente unos pocos tienen las herramientas para hacer uso de ella. Un ciudadano sometido a la ignorancia, a la pobreza extrema o a la dependencia clientelar difícilmente pueda ejercer plenamente sus derechos, entre ellos el de expresar su pensamiento. La libertad requiere condiciones materiales, y también requiere instituciones que la protejan y que garanticen la igualdad de oportunidades. No hay contradicción entre ambas dimensiones. Al contrario: se necesitan mutuamente.
La libertad de pensamiento, como toda libertad verdadera, no se decreta ni se conquista de una vez: se practica, se defiende y, sobre todo, se ejerce con la conciencia permanente de que el que piensa distinto tiene el mismo derecho que nosotros, y que debemos ser los primeros en defenderlo.
