El juez Federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos, procesó a cinco hombres investigados por el transporte de estupefacientes, entre ellos el abogado y comisario de la Policía de Entre Ríos Daniel Rosatelli.
La resolución, de 141 fojas, se sustenta en el análisis de testimonios, actas de allanamientos, registros de cámaras de seguridad y escuchas telefónicas. Según el magistrado, las pruebas reunidas permiten sostener, con el grado de probabilidad requerido para esta instancia, la existencia de un “plan común mediante la división del trabajo” para transportar 1.345,51 kilos de marihuana.
Además de Rosatelli, fueron procesados Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri. A los imputados se les atribuyen, con distintos grados de participación, delitos vinculados con el transporte de estupefacientes y la utilización o falsificación de documentación relacionada con un vehículo.
Ríos dispuso además convertir en prisión preventiva las detenciones de los cinco acusados, quienes deberán permanecer alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. También ordenó embargos sobre sus bienes, con montos que van desde los 9 hasta los 12,25 millones de pesos, según cada imputado.
El recorrido de una camioneta bajo sospecha
Uno de los principales elementos analizados por el juez fue el recorrido de una Citroën Jumper que, según la investigación, terminó siendo utilizada para el traslado de la droga.
La resolución sostiene que Rosatelli, Pelizzari y Luna habrían intervenido en la adquisición del vehículo, que posteriormente registró un pedido de secuestro por una presunta estafa. Para el magistrado, la sustitución de la patente y las circunstancias de la operación permitieron disponer de una camioneta cuya situación documental podía dificultar su rastreo.
De acuerdo con la investigación, Rosatelli no figuró formalmente como comprador. Pelizzari habría llevado adelante las negociaciones y realizado distintas gestiones, mientras que Luna habría intervenido en los pagos. Sin embargo, las cámaras de seguridad y otros elementos incorporados al expediente llevaron al juez a considerar que Pelizzari actuaba en representación de Rosatelli.
Ríos también destacó el rol que habría tenido Rosatelli en la operación debido a su condición de funcionario policial. Según la resolución, esa circunstancia habría permitido que la camioneta fuera verificada fuera del procedimiento habitual y sin turno previo.
La denuncia que derivó en un episodio de violencia
Otro de los puntos considerados por el magistrado fue lo ocurrido después de la compra de la camioneta. Tras el incumplimiento de un pago, el vendedor habría realizado una denuncia por estafa.
Según la resolución, aproximadamente una hora y media después de esa denuncia, Rosatelli se presentó ante un intermediario, lo aisló y lo habría agredido con un arma de fuego para exigirle que el vendedor retirara la denuncia relacionada con la camioneta. Para Ríos, esa reacción constituye un elemento relevante para establecer el interés que el funcionario habría tenido sobre el vehículo.
El juez consideró que la sucesión de hechos no podía analizarse de manera aislada y que, observada en conjunto, permitía advertir una serie de acciones que convergían en torno a la disponibilidad de la camioneta y su posterior utilización.
La situación patrimonial de Rosatelli
La resolución también incorpora información sobre la situación económica y patrimonial de Rosatelli. El magistrado señaló que figura inscripto como monotributista desde 2016, con actividad declarada como servicios jurídicos, y que además registra una relación laboral con la Policía de Entre Ríos desde 2006.
El informe incorporado a la causa menciona entre sus bienes un automóvil Honda Civic, valuado por ARCA en $17,2 millones, y ocho propiedades inmuebles. Ríos sostuvo que el patrimonio informado aparece, en principio, desproporcionado respecto de los ingresos formalmente identificados y ordenó profundizar la investigación sobre el origen y trazabilidad de esos fondos y bienes.
El magistrado aclaró, no obstante, que esta circunstancia no implica por sí misma una imputación autónoma por un delito económico, sino que constituye un elemento que deberá continuar siendo investigado.
La resolución sostiene que la identificación de Rosatelli como presunto verdadero adquirente de la camioneta no surge únicamente de testimonios, sino también de elementos objetivos incorporados a la investigación, entre ellos registros vinculados con la operación y la situación patrimonial de quienes participaron en ella.
Una investigación que se profundiza
El procesamiento dispuesto por el juez Federal de Paraná representa un avance sustancial en la causa, aunque se trata de una instancia procesal que no equivale a una condena.
Ríos consideró que existe evidencia suficiente, en esta etapa, para sostener la hipótesis de una actuación coordinada entre los imputados y avanzar con sus procesamientos por los delitos investigados. La causa continuará ahora con la producción de nuevas medidas y el análisis de las responsabilidades individuales de cada uno de los acusados.
