La senadora Patricia Díaz presentó un proyecto para crear un Sistema Provincial de Participación Política Digital, integrado a la plataforma Mi Entre Ríos. La iniciativa contempla consultas, afiliaciones, desafiliaciones y rectificación de datos, además de medidas para proteger la información personal.
La senadora provincial Patricia Díaz (Hacer Futuro), representante del departamento La Paz, presentó un proyecto de ley que propone modernizar el sistema de afiliación y desafiliación a partidos políticos provinciales y municipales mediante herramientas digitales.
La iniciativa plantea la creación del Sistema Provincial de Participación Política Digital, que estaría bajo la administración del Tribunal Electoral de Entre Ríos y se integraría a la plataforma oficial Mi Entre Ríos.
A través de este sistema, los ciudadanos podrían realizar trámites de afiliación y desafiliación, consultar su situación partidaria, presentar documentación y realizar el seguimiento de los distintos procedimientos.
El proyecto establece que toda persona incorporada al padrón electoral provincial pueda consultar de manera permanente, gratuita y segura su situación de afiliación política. La información incluiría la existencia de una afiliación vigente, el partido correspondiente y las fechas de alta, baja o modificación, cuando esos datos se encuentren registrados.
Protección de los datos personales
La propuesta establece restricciones para el acceso a la información partidaria. Los datos sobre afiliación política sólo podrían ser consultados por el titular, previa validación de identidad, o por las autoridades que estén legalmente habilitadas.
Además, se prohibiría la publicación nominal, cesión o utilización de esa información para fines diferentes de aquellos que justificaron su tratamiento.
En cuanto a las afiliaciones realizadas de manera digital, tendrían la misma validez jurídica que las efectuadas en soporte físico, siempre que el procedimiento permita acreditar la identidad del ciudadano, su voluntad expresa, la integridad del trámite, la fecha y la trazabilidad de la operación.
El proyecto también busca evitar afiliaciones no consentidas. Para ello, establece que ninguna persona pueda ser afiliada o reafiliada a un partido sin una manifestación de voluntad previa, expresa, informada y verificable.
El sistema debería incorporar mecanismos para detectar posibles duplicidades y habilitar canales destinados a denunciar afiliaciones apócrifas, erróneas o realizadas sin consentimiento.
Renuncia y modificación de registros
La desafiliación también podría gestionarse de manera digital. Las personas afiliadas tendrían la posibilidad de presentar su renuncia a través del sistema o mediante una atención presencial asistida.
La presentación ante el Tribunal Electoral tendría fecha cierta, generaría una constancia inmediata y sería comunicada al partido político correspondiente.
Asimismo, los ciudadanos podrían solicitar la rectificación, actualización, supresión o revisión de sus datos partidarios mediante un procedimiento gratuito, accesible, breve y con seguimiento.
Canales presenciales y seguridad
La iniciativa aclara que la incorporación de herramientas digitales no debería convertirse en un obstáculo para ejercer derechos políticos. Por ese motivo, propone mantener canales presenciales asistidos para aquellas personas que no cuenten con conectividad, dispositivos o conocimientos tecnológicos suficientes.
También contempla soluciones de accesibilidad y distintas medidas de seguridad para proteger la información.
Entre ellas se incluyen registros de auditoría, controles de acceso, gestión de incidentes, copias de respaldo y evaluaciones periódicas de seguridad.
Por otra parte, el Tribunal Electoral debería publicar estadísticas generales sobre la cantidad de trámites, tiempos de resolución, afiliaciones y desafiliaciones, sin exponer datos personales ni permitir identificar la pertenencia política de una persona.
Implementación gradual
El proyecto propone modificar la Ley N° 5.170 y establece que el Tribunal Electoral de Entre Ríos debería reglamentar el nuevo régimen dentro de los 180 días posteriores a su promulgación.
La implementación sería progresiva. Dentro de los 24 meses posteriores a la reglamentación, la plataforma Mi Entre Ríos debería contar, como mínimo, con servicios de consulta individual, afiliación, desafiliación, rectificación, seguimiento de trámites y emisión de constancias.
Durante el período de transición continuarían vigentes los mecanismos físicos y presenciales actualmente disponibles.
En los fundamentos de la iniciativa, Díaz sostiene que el objetivo es brindar a los entrerrianos herramientas que les permitan conocer su situación de afiliación, ejercer libremente su decisión de pertenecer o no a una organización política y corregir eventuales registros indebidos, mediante procedimientos digitales que sean seguros, auditables y accesibles.
