La provincia registró 288 casos durante 2025, con una tasa de 20,8 cada 100.000 habitantes, casi el doble de la media nacional. El suicidio ya constituye la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años. Un informe advierte sobre el crecimiento de los casos y las dificultades del sistema público para responder a la demanda.
Entre Ríos presenta uno de los indicadores más preocupantes del país en materia de suicidios. Durante 2025 se registraron 288 casos, lo que representa una tasa de 20,8 cada 100.000 habitantes, prácticamente el doble del promedio nacional, ubicado en 11,8.
Los datos surgen del segundo informe de la serie Juventudes de Entre Ríos, elaborado por la Consultora Eje a partir de información del Observatorio de Política Criminal (OPC) y del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).
El estudio ubica a Entre Ríos al frente del mapa nacional y señala, además, una evolución sostenida de la problemática: entre 2017 y 2025, la cantidad de suicidios aumentó un 81,1% en territorio provincial.
Un problema que golpea especialmente a los jóvenes
Uno de los aspectos más relevantes del informe es que el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 34 años, desplazando a los siniestros viales.
La situación también adquiere relevancia en el contexto nacional. La tasa argentina de 11,8 casos cada 100.000 habitantes se encuentra por encima de registros correspondientes a períodos históricos de fuerte impacto social, como la crisis de 2001 y los años de la última dictadura militar.
En el caso entrerriano, la tasa de 20,8 representa una magnitud particularmente elevada. Sin embargo, desde la Consultora Eje advierten que la problemática mantiene una baja visibilidad social y mediática en relación con la dimensión de sus cifras.
Vulnerabilidad y deterioro de las condiciones de vida
El informe vincula el incremento de los suicidios con un escenario más amplio de vulnerabilidad que atraviesa a una parte de la población joven.
En ese sentido, el trabajo da continuidad a la primera investigación de la serie, dedicada al endeudamiento juvenil, y plantea la existencia de una combinación de factores como precariedad económica, endeudamiento y dificultades para acceder a redes de contención.
El diagnóstico apunta así a una problemática que excede el ámbito estrictamente sanitario y que se relaciona también con las condiciones sociales y económicas en las que se desarrolla la vida de los jóvenes.
Más de 840 intentos que requirieron atención
El escenario se vuelve todavía más complejo al incorporar los intentos de suicidio. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de Entre Ríos, más de 840 personas requirieron atención durante el último período a raíz de intentos de suicidio.
La capacidad de respuesta del sistema público, sin embargo, presenta importantes dificultades.
De los 65 hospitales generales que funcionan en la provincia, solamente 9 cuentan con servicios especializados en salud mental. A esto se suma la escasez de profesionales: de aproximadamente 150 psiquiatras matriculados en Entre Ríos, apenas 39 trabajan dentro del sistema público.
Las dificultades se profundizan fuera de las principales ciudades. En departamentos como Colón, Concordia y Gualeguaychú, las demoras para acceder a una consulta con profesionales de psicología o psiquiatría pueden extenderse hasta seis meses. El informe también menciona que, durante 2024, el hospital de San José llegó a atravesar períodos sin profesionales estables en el área de salud mental.
Una declaración que genera cuestionamientos
Frente a estos indicadores, el Gobierno provincial declaró en agosto la “Urgencia Sanitaria en Salud Mental” mediante el Decreto 2130, con vigencia prevista por un año.
La decisión, sin embargo, fue cuestionada por ATE Entre Ríos y la CTA Autónoma, que elaboraron un dictamen técnico sobre la medida.
Desde esas organizaciones sostienen que la declaración tiene un carácter principalmente “declarativo y simbólico”, debido a que no contempla una asignación presupuestaria específica ni habilita mecanismos extraordinarios para acelerar la incorporación de profesionales o la compra de medicamentos.
El cuestionamiento se centra, entre otros aspectos, en la figura jurídica utilizada: según el análisis sindical, declarar una “urgencia” —en lugar de una “emergencia”— limita las herramientas concretas disponibles para afrontar de manera inmediata la situación.
El escenario nacional también preocupa
A las dificultades provinciales se suma un contexto nacional que genera preocupación entre las organizaciones vinculadas a la salud pública.
Según datos citados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el programa nacional “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” tendría para 2026 una reducción presupuestaria del 91,6% respecto del año anterior.
Los números provinciales, la creciente demanda de atención y las dificultades para ampliar la capacidad del sistema público colocan así a la salud mental entre los principales desafíos sanitarios que enfrenta Entre Ríos, con especial impacto sobre las juventudes.
