La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a cuestionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof y cargó contra la Justicia provincial luego de que una jueza de Lomas de Zamora suspendiera por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La medida fue dispuesta por la jueza penal juvenil Marta Pascual, quien fundamentó su decisión en la falta de infraestructura y recursos necesarios para implementar el nuevo sistema.
A través de su cuenta en la red social X, Bullrich responsabilizó directamente a Kicillof por la situación de inseguridad en la provincia y sostuvo que el mandatario «se pone del lado de los delincuentes».
«Los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad», afirmó la exministra de Seguridad, quien también cuestionó el accionar de la Justicia provincial.
En ese sentido, aseguró que en territorio bonaerense existe «una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias».
Bullrich también calificó como «un terror» vivir en una provincia que, según su visión, «ignora a los argentinos de bien», y afirmó que «el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga».
La senadora había respaldado previamente la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil. En esa oportunidad, había destacado que la normativa terminaba con lo que consideraba una «excusa de la edad para delinquir» y sostuvo que quienes cometan delitos «deben responder por lo que hacen».
«Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad», había señalado Bullrich, al tiempo que defendió un sistema que, según planteó, debe priorizar la protección de las víctimas y sus familias.
La decisión judicial
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir el sábado y contempla, entre sus principales modificaciones, la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Sin embargo, la jueza Marta Pascual resolvió suspender su aplicación durante 60 días al considerar que la provincia no cuenta con la infraestructura ni los recursos necesarios para garantizar su implementación.
La decisión abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional, el Ejecutivo bonaerense y la Justicia provincial, en medio de la discusión sobre las políticas de seguridad y el tratamiento de los delitos cometidos por menores de edad.
