Arquitecto – Docente
Hay ideas que envejecen mal y hay otras que, como el buen vino, mejoran con el paso del tiempo hasta volverse, de pronto, indispensables. La del ingreso ciudadano —esa vieja idea de reformadores progresistas— pertenece sin duda a la segunda categoría.
El Ingreso Ciudadano, concebido como un derecho incondicional, universal e individual, neutralizaría de un plumazo el clientelismo político y la manipulación que históricamente han empañado los programas de asistencia focalizada. Cuando el beneficio es para todos, desaparece el estigma, se eliminan las trampas de la pobreza que desincentivan la búsqueda de empleo formal y se erradica la discrecionalidad burocrática.
Lo curioso es que su resurrección actual no viene de la mano de algún reformista nostálgico, sino de los mismísimos generadores de la disrupción: los multimillonarios de Silicon Valley que, tras haber automatizado buena parte del mundo, ahora se preguntan —con una mezcla de culpa y cálculo interesado— qué hacer con los excedentes que ellos mismos generaron.
Durante años, la idea del Ingreso Ciudadano fue relegada al rincón de las utopías bienintencionadas, pero fiscalmente irrealizables. “¿De dónde saldrán los recursos?”, repetían con insistencia economistas y burócratas. En el mapa global contemporáneo confluyen hoy dos transformaciones disruptivas que obligan a replantear la pregunta. Por un lado, la acelerada automatización impulsada por la Inteligencia Artificial; por el otro, la revalorización de la idea del impuesto al valor del suelo libre de mejoras
Henry George —ese economista autodidacta que escribió “Progreso y miseria” en 1879— es sin lugar a duda una de las claves para concebir la justicia distributiva sin caer ni en el colectivismo que aplasta la iniciativa individual ni en el conservadorismo cínico que naturaliza el privilegio. La intuición georgista era, en el fondo, sencilla: el valor de la tierra —en su valor desnudo, libre de las mejoras que el trabajo humano le añade— no es creación de nadie en particular, sino resultado de la comunidad entera: de la escuela que se construyó a la vuelta, del camino o la red de gas que llegó, de la simple aglomeración de vecinos que vuelve valioso un terreno que, aislado, no valdría nada. Gravar esa renta “no ganada” no es expropiar el esfuerzo de nadie: es, apenas, recuperar para la sociedad lo que la sociedad misma produjo. Pero Henry George no se queda ahí. Para él, ese tributo – algunos economistas hasta dudan de su carácter de impuesto – debería ser el único; dado que casi todos los demás sí efectivamente son una suerte de expropiación del producto del esfuerzo propio.
Lo que viene ocurriendo en los últimos meses es la aplicación de ese razonamiento a un objeto nuevo: la inteligencia artificial. Porque si la renta del suelo era, para George, el arquetipo de la «renta no ganada», la inteligencia artificial empieza a comportarse de manera parecida.
El concepto de la renta del suelo cobra un vigor formidable al equipararse con la inteligencia artificial. La IA representa una segunda «naturaleza construida»: un patrimonio común del conocimiento acumulado durante milenios, digitalizado y sistematizado por modelos algorítmicos desarrollados por un puñado de corporaciones. Así como la tierra no fue creada por ningún terrateniente, el corpus masivo de datos e ideas sobre el que se entrenan las máquinas no es propiedad exclusiva de las multinacionales tecnológicas, sino del acervo cultural de la humanidad entera.
Sam Altman publicó recientemente los resultados de un ensayo con miles de participantes, que repartió ingresos mensuales fijos durante tres años y que constituye, según sus propios promotores, el estudio más exhaustivo jamás realizado sobre ingreso garantizado. Y en julio, OpenAI habría propuesto directamente al gobierno estadounidense que el Estado tome una participación accionaria —del orden del cinco por ciento— en la industria de IA, a modo de fondo soberano que permita a cada ciudadano beneficiarse del crecimiento del sector. Elon Musk, por su parte, defiende desde 2016 variantes de la misma idea, aunque prefiere hablar de «ingresos altos universales» antes que de mera subsistencia; y Dario Amodei, desde Anthropic, viene advirtiendo con menos entusiasmo y más escepticismo que la IA podría destruir hasta la mitad de los puestos de trabajo en ciertos niveles en los próximos años.
El problema —y aquí es donde el georgismo vuelve a resultar imprescindible, no como curiosidad histórica sino como instrumento de diagnóstico— es que casi todas estas propuestas tropiezan con la misma piedra: la financiación. Andrew Yang, cuando lanzó su célebre «Dividendo de la Libertad» en la campaña de 2020, proponía costearlo con un impuesto al valor agregado del diez por ciento; y algo muy similar viene de plantear un estudio reciente de la Universidad de Salamanca, que calcula que una renta básica de cuatrocientos euros mensuales podría autofinanciarse en un sesenta por ciento mediante la reestructuración del impuesto a la renta y del propio IVA.
Pero el IVA no es una de las mejores soluciones posibles para financiar un ingreso ciudadano. Es regresivo por naturaleza: golpea proporcionalmente más a quien gasta toda su renta en consumo que a quien puede ahorrar o invertir. Y, lo que resulta aún más grave y menos comentado: un ingreso ciudadano financiado con impuestos al consumo o al trabajo termina, tarde o temprano, siendo absorbido por los propietarios del suelo. Es una ley casi física de la economía urbana, tan implacable como la gravedad: si a la población le llega más ingreso disponible sin que aumente la oferta de tierra urbana —que es, por definición, fija—, los alquileres simplemente suben hasta absorber ese excedente. El dividendo que el Estado entrega por una puerta, el rentista lo recoge por la otra. Ya lo habían anticipado, con cierta resignación, algunos de los propios herederos intelectuales de George: cualquier ingreso no acompañado de un impuesto al valor del suelo termina, paradójicamente, subsidiando al propietario antes que al ciudadano.
De ahí que algunos propongan algo más consistente: financiar el «dividendo ciudadano» exclusivamente con la captura de rentas económicas: la del suelo, en primer lugar, pero también, por extensión lógica, la de todo activo cuya escasez no depende del esfuerzo de quien lo posee. Y aquí es donde el argumento se vuelve casi elegante en su simetría: si el valor del suelo urbano no lo creó el propietario sino la comunidad que lo rodea, tampoco crearon los laboratorios de IA, en soledad, el corpus cultural con el que entrenan sus modelos, ni la posición de cuasi monopolio que les permite cobrar rentas de escasez. En ambos casos hay una apropiación privada de un valor de origen colectivo. En ambos casos, la respuesta georgista es la misma: no prohibir, no expropiar, sino gravar la renta —y sólo la renta, dejando intacto el estímulo a innovar, a construir, a mejorar— para redistribuirla como derecho de ciudadanía, no como dádiva asistencial.
El mismo dilema —cómo capturar para la comunidad la valorización que la propia comunidad genera— se plantea todos los días a escalas mucho más modestas que la de las grandes corporaciones de inteligencia artificial, pero con idéntica estructura lógica. La plusvalía que genera una obra pública en un loteo periférico de un municipio no es esencialmente distinta de la que genera el entrenamiento colectivo de un modelo de lenguaje: en los dos casos alguien capitaliza privadamente lo que la sociedad produjo en común. Que el debate global sobre el futuro del trabajo esté redescubriendo, siglo y medio después, la intuición de aquel periodista autodidacta de San Francisco no debería sorprendernos demasiado: las buenas ideas, como los buenos vinos, no caducan; simplemente esperan su momento adecuado.
