La defensa del mandatario venezolano presentó ante un tribunal federal de Manhattan dos mociones para desestimar los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo. Sus abogados sostienen que Estados Unidos no tiene jurisdicción para juzgar a un jefe de Estado extranjero y que Maduro está protegido por normas de inmunidad soberana.
La defensa legal de Nicolás Maduro presentó ante la Justicia federal de Estados Unidos un pedido para que sea archivada la causa penal que enfrenta en Nueva York por acusaciones vinculadas con narcotráfico y narcoterrorismo. Los abogados del dirigente venezolano sostienen que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción para juzgarlo y que, por su condición de jefe de Estado, está alcanzado por la inmunidad soberana.
El planteo fue presentado ante el juez federal Alvin K. Hellerstein y está contenido en un escrito de unas 60 páginas elaborado por los abogados Barry Pollack y Anna Estevao. La estrategia defensiva apunta a frenar el proceso judicial a partir de una cuestión de competencia y no de una discusión sobre el fondo de las acusaciones.
La defensa presentó dos mociones. La primera solicita el archivo completo de la acusación, mientras que la segunda plantea, de manera subsidiaria, que sea retirado el cargo relacionado con una presunta conspiración para cometer narcoterrorismo.
El argumento de la inmunidad
El principal argumento de los abogados es que Maduro cuenta con inmunidad soberana en su condición de jefe de Estado de Venezuela. La defensa sostiene que esa protección impide que un tribunal extranjero someta a un mandatario en funciones a un proceso penal.
El planteo se apoya en dos tipos de inmunidad. Por un lado, la denominada ratione personae, vinculada con el cargo que ocupa una persona y que, según los abogados, protege a los jefes de Estado mientras ejercen sus funciones.
Por otro, la defensa invocó la inmunidad ratione materiae, relacionada con los actos realizados en el ejercicio de funciones oficiales. Bajo este argumento, las conductas atribuidas por la Fiscalía estadounidense estarían vinculadas con decisiones tomadas en el marco de las funciones estatales y, por lo tanto, no podrían ser juzgadas como acciones individuales ante tribunales de otro país.
«Tiene derecho a ambas», sostuvo Pollack al referirse a las dos formas de inmunidad que, según su interpretación, alcanzan al mandatario venezolano.
Los abogados también rechazaron el argumento de Washington respecto del reconocimiento de Maduro como presidente. Estados Unidos dejó de reconocer su legitimidad política después de cuestionar las elecciones venezolanas, pero la defensa sostiene que esa posición diplomática no elimina automáticamente la inmunidad frente a un proceso penal.
Según el planteo presentado ante el tribunal, no existen antecedentes que permitan sostener que un mandatario extranjero reconocido como jefe de Estado por su propio país pueda ser sometido de ese modo a un proceso penal ante los tribunales estadounidenses.
Los cargos que enfrenta
Maduro está acusado en Estados Unidos de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con la posesión de armas automáticas.
Su defensa cuestionó especialmente la acusación por narcoterrorismo. Pollack sostuvo que ese cargo pretende responsabilizar a un ciudadano extranjero por hechos desarrollados fuera de Estados Unidos sin establecer de manera suficiente el vínculo jurisdiccional que permitiría al tribunal intervenir.
La disputa, de esta manera, tendrá inicialmente un carácter estrictamente jurídico: la Justicia deberá determinar si el tribunal federal de Manhattan tiene competencia para llevar adelante el proceso y si la condición de jefe de Estado invocada por la defensa impide avanzar con el juicio.
El proceso judicial
El Departamento de Justicia estadounidense tiene plazo hasta el 2 de octubre para responder formalmente a los argumentos presentados por la defensa.
La audiencia para analizar las mociones quedó establecida para el 17 de noviembre, instancia en la que las partes podrán exponer sus argumentos ante el juez Hellerstein.
Si el magistrado rechaza el pedido de inmunidad y decide que el proceso puede continuar, el juicio oral está previsto provisoriamente para junio de 2027.
Mientras tanto, Maduro permanece detenido en Brooklyn. Desde el lugar de detención difundió fotografías y mensajes destinados a sus seguidores, en los que afirmó mantenerse firme frente a la situación judicial que enfrenta.
También reclama inmunidad Cilia Flores
La discusión sobre la inmunidad alcanzó también a Cilia Flores, esposa de Maduro, quien presentó por separado un recurso en el que solicita que las protecciones diplomáticas y la inmunidad soberana sean extendidas a su persona.
De esta manera, la defensa de ambos busca cuestionar desde el comienzo la competencia de la Justicia estadounidense y evitar que las acusaciones formuladas contra el matrimonio lleguen a una instancia de juicio.
El caso abre así una compleja disputa jurídica en torno a los límites de la jurisdicción penal estadounidense y al alcance de la inmunidad de los jefes de Estado extranjeros. La decisión del tribunal sobre estas mociones será determinante para definir si la causa avanza hacia un juicio o queda frenada por una cuestión de inmunidad soberana.
