El máximo tribunal rechazó los últimos recursos y confirmó la pena de ocho años de prisión para el exgobernador de Entre Ríos. También quedó firme la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. La causa investigó el direccionamiento de fondos y contrataciones de publicidad oficial durante sus gestiones.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, quien deberá cumplir ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y quedó inhabilitado de manera absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los recursos extraordinarios presentados en el marco de la causa por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. De esta manera, quedó agotada la vía recursiva ante el máximo tribunal.
La resolución implica que la sentencia dictada el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná adquirió firmeza y ahora deberá avanzar la etapa de ejecución de las penas.
La Corte no revisó la condena
La decisión de la Corte tiene una particularidad jurídica: el máximo tribunal no volvió a analizar las pruebas ni los fundamentos utilizados por los tribunales entrerrianos para condenar a Urribarri.
Los jueces rechazaron los recursos por cuestiones de admisibilidad. En su voto, Lorenzetti incluso recordó que la desestimación de un recurso mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no significa que la Corte haya confirmado o considerado acertados los fundamentos de la sentencia cuestionada.
Sin embargo, al quedar rechazadas las últimas vías de impugnación, la condena adquirió carácter firme y la Justicia entrerriana quedó habilitada para avanzar con su cumplimiento.
Qué determinó la Justicia entrerriana
La investigación reunió cinco causas acumuladas y estuvo centrada en contrataciones y utilización de recursos públicos vinculados con la publicidad oficial durante los gobiernos de Urribarri, entre 2007 y 2015.
Según la acusación y las conclusiones a las que arribaron los tribunales provinciales, se había establecido un esquema para direccionar contrataciones estatales y beneficiar a personas vinculadas con el entorno político del entonces gobernador.
Entre los hechos analizados estuvieron contrataciones relacionadas con empresas de publicidad y cartelería, además de distintas acciones de promoción de la gestión y de la denominada campaña del “Sueño Entrerriano”, mediante la cual Urribarri buscó proyectarse políticamente a nivel nacional.
Uno de los expedientes investigó a la empresa Global Means, que recibió contrataciones publicitarias en circunstancias que fueron consideradas irregulares.
También se analizó durante varios años el negocio de la cartelería oficial a través de Tep SRL y Next SRL, firmas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.
El “Sueño Entrerriano”
Uno de los capítulos de mayor repercusión política fue la denominada causa “Sueño Entrerriano”, vinculada con la proyección nacional de Urribarri y su intención de competir por la Presidencia en 2015.
En ese marco se investigaron distintas contrataciones realizadas con fondos provinciales, entre ellas la instalación de un parador en Mar del Plata, que tuvo un costo aproximado de 14 millones de pesos de aquella época.
También fue analizada la contratación de la productora Nelly Entertainment para la realización de tres spots vinculados formalmente con la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en 2014.
La Justicia consideró que parte de esas acciones excedían la finalidad institucional de la publicidad oficial y estaban relacionadas con el posicionamiento político del entonces gobernador.
De acuerdo con información incorporada al expediente, entre enero de 2010 y septiembre de 2015 se detectaron 143 operaciones consideradas irregulares, con un perjuicio económico calculado en más de 12 millones de pesos de aquel momento.
Urribarri, Báez y Aguilera
La condena alcanzó también a otros dirigentes y empresarios involucrados en las maniobras investigadas.
El exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos Pedro Ángel Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, recibieron penas de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de inhabilitación absoluta perpetua y multas.
También fueron condenados:
- Corina Cargnel: tres años de prisión en suspenso.
- Gustavo Tamay: tres años de prisión en suspenso.
- Gerardo Caruso: tres años de prisión en suspenso.
- Luciana Almada: dos años y seis meses de prisión en suspenso.
- Emiliano Giacopuzzi: dos años y seis meses de prisión en suspenso.
- Germán Buffa: un año y dos meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.
Con la resolución de la Corte, estas condenas también quedaron firmes.
El recorrido judicial
La sentencia contra Urribarri fue dictada en abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Posteriormente, la condena fue revisada por las distintas instancias de la Justicia entrerriana y los planteos de las defensas fueron rechazados.
La llegada del expediente a la Corte Suprema constituyó la última posibilidad de revisión judicial. El máximo tribunal rechazó ahora los recursos extraordinarios y cerró definitivamente esa instancia.
El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos informó que, con la resolución de la Corte, quedaron firmes las condenas dictadas en 2022 contra Urribarri, Báez, Aguilera y el resto de los involucrados.
Los 50 días detenido
Urribarri ya había pasado por una situación de detención durante el proceso.
En noviembre de 2024, la Cámara de Casación de Entre Ríos había ordenado su prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga. El exgobernador permaneció 50 días detenido, hasta que en enero de 2025 la Sala de Feria del Superior Tribunal de Justicia entrerriano revocó esa medida.
Con la condena ahora firme, la situación es diferente: ya no se trata de una prisión preventiva sino de la ejecución de una pena de prisión efectiva.
El final de una carrera política
Sergio Urribarri gobernó Entre Ríos durante dos períodos consecutivos, entre 2007 y 2015. Luego fue diputado provincial y, en 2020, asumió como embajador argentino en Israel.
Su designación diplomática terminó en 2022, cuando presentó su renuncia después de que se conociera la condena dictada por la Justicia entrerriana.
La resolución de la Corte Suprema marca ahora el cierre de la instancia judicial de una de las causas de mayor impacto político en la provincia durante las últimas décadas.
Con los recursos agotados, el expediente regresa a la Justicia entrerriana para avanzar en la ejecución de las penas. Urribarri deberá cumplir los ocho años de prisión establecidos por la sentencia y no podrá volver a ejercer cargos públicos de manera perpetua.
