La resolución beneficia a estudiantes que fueron reubicados en otros establecimientos de Concepción del Uruguay por problemas edilicios. Las familias buscan ahora que la medida alcance a todos los alumnos que necesitan el servicio.
La Justicia hizo lugar al amparo presentado por madres y padres de alumnos de la Escuela N° 92 “Tucumán” y ordenó al Gobierno de Entre Ríos y al Consejo General de Educación (CGE) garantizar el servicio de transporte escolar para los estudiantes que fueron trasladados a otras instituciones educativas de Concepción del Uruguay.
La sentencia fue dictada este miércoles por la jueza vocal de la Cámara de Apelaciones, Celina Ansaldi, quien reconoció el derecho de los alumnos al traslado desde la Escuela N° 92 hasta los establecimientos donde actualmente cursan sus estudios.
De acuerdo con la resolución, el servicio deberá contemplar el traslado de ida y vuelta, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, según corresponda a cada estudiante.
Los establecimientos alcanzados son la Escuela N° 1 “Nicolás Avellaneda”, la Escuela N° 2 “Juan José Viamonte” y la Escuela N° 110 “Gral. Benjamín Victorica”.
El reclamo de las familias
La medida judicial se vincula con la situación generada el 6 de abril, cuando los alumnos de los niveles Inicial y Primario de la Escuela N° 92 fueron reubicados en otros establecimientos debido a problemas edilicios en el edificio escolar.
Desde entonces, las familias vienen reclamando que la Provincia cumpla con el compromiso de garantizar el transporte necesario para que los estudiantes puedan asistir a las escuelas asignadas.
Según se informó, son más de 160 los alumnos que requieren el servicio para trasladarse hasta los nuevos establecimientos educativos.
El abogado que representa a las familias, Valodia Nichajew, manifestó su conformidad con el reconocimiento judicial del derecho al transporte, aunque adelantó que apelarán un aspecto de la sentencia.
El objetivo del planteo es que la cobertura no quede limitada exclusivamente a quienes figuran como demandantes en el amparo, sino que alcance a todos los estudiantes que se encuentran en la misma situación y necesitan utilizar el transporte escolar.
“Estamos de acuerdo con el fondo de la sentencia”, sostuvo el abogado, quien consideró que la resolución reconoce que los derechos de los alumnos fueron afectados desde la reubicación dispuesta en abril.
De esta manera, si bien el fallo establece la obligación de garantizar el transporte, las familias procurarán ampliar el alcance de la medida para que ningún alumno que necesite el servicio quede excluido por no haber participado formalmente de la acción judicial.
El reclamo por el traslado se mantiene desde la reubicación de los estudiantes, cuando las familias registraron a alrededor de 160 chicos que requerían el servicio para concurrir diariamente a sus nuevas escuelas.
