Jorge Amílcar García consideró que la medida judicial está debidamente fundamentada y que debe continuar vigente mientras se analiza el fondo de la cuestión. Ahora deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
El procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, se pronunció a favor de mantener la medida cautelar que suspendió la implementación del nuevo sistema de comedores escolares en las escuelas públicas de la provincia.
El dictamen fue emitido luego del recurso presentado por la Fiscalía de Estado, que buscó revertir la decisión judicial. El planteo deberá ser analizado ahora por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ).
La cautelar había sido dictada el 5 de agosto por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones N° 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, a partir de una acción de amparo presentada por padres en representación de sus hijos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce.
La resolución judicial dispuso que el Gobierno provincial se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en las escuelas públicas alimentos no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan sellos de advertencia o leyendas precautorias establecidos por la Ley de Etiquetado Frontal.
Al mismo tiempo, ordenó garantizar la provisión de productos que no estén alcanzados por esa prohibición, bajo la modalidad utilizada antes de la implementación del sistema centralizado.
El planteo sobre la apelación
El Gobierno provincial apeló la medida. Sin embargo, García consideró que el recurso fue concedido de manera incorrecta.
Según el procurador, el artículo 15 de la Ley 8.369, modificado por la Ley 10.704, establece que las medidas cautelares no se encuentran entre las resoluciones apelables, salvo las excepciones expresamente contempladas por la normativa.
Más allá de esa cuestión procesal, el eje del dictamen estuvo puesto en la necesidad de mantener vigente la medida cautelar mientras se analiza la cuestión de fondo.
Protección de niños y adolescentes
García sostuvo que la resolución judicial se encuentra debidamente fundamentada y que su continuidad resulta necesaria debido a que el conflicto involucra derechos colectivos de niños, niñas y adolescentes que concurren a escuelas públicas provinciales.
En ese sentido, consideró que se trata de un sector que cuenta con “preferente tutela constitucional y convencional” y que requiere una protección urgente.
El dictamen menciona entre los derechos involucrados la vida, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, la salud, la alimentación, la defensa de los usuarios de bienes y servicios y la educación.
Para el procurador, la cautelar permite que la discusión sobre el fondo del conflicto pueda desarrollarse con mayor profundidad, evitando que durante ese proceso se produzcan eventuales daños de difícil reparación.
El STJ tendrá la última palabra sobre la cautelar
García concluyó que la medida resulta “absolutamente necesaria y correcta” y consideró que levantarla dejaría sin protección judicial urgente al colectivo involucrado.
Por ese motivo, la Procuración General opinó que el Superior Tribunal de Justicia debería declarar inadmisible el recurso de apelación presentado por el Gobierno provincial y mantener vigente la cautelar.
El dictamen no resuelve la cuestión de fondo sobre el nuevo sistema de comedores escolares, sino que se limita a evaluar la continuidad de la medida provisoria que mantiene suspendida su implementación.
Ahora será el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el que deberá definir si mantiene o revoca la cautelar.
