Por Carolina Streitenberger, legisladora provincial
Durante las últimas semanas, buena parte del debate público estuvo centrado en los productos que integran los desayunos escolares: galletitas, budines, sellos y otros alimentos. Es necesario discutir su calidad y controlar que cumplan con los estándares correspondientes. Pero detrás de esa discusión existe una cuestión mucho más profunda: ¿qué modelo estamos defendiendo cuando rechazamos la posibilidad de modificarlo?
Durante más de dos décadas, Entre Ríos sostuvo un sistema descentralizado para la provisión de alimentos en las escuelas. Un esquema que generó diferencias entre establecimientos y que, por sus propias características, resultó complejo de controlar y auditar.
El actual Gobierno no tomó la decisión de modificarlo de manera repentina. Durante más de dos años se incrementaron los controles, se destinaron mayores recursos y se intentaron corregir las dificultades existentes. El diagnóstico al que se llegó fue que no era suficiente continuar invirtiendo en un sistema que presentaba problemas de carácter estructural.
Esto tampoco significa responsabilizar a los equipos directivos de las escuelas. Por el contrario, la mayoría de ellos desarrolla su tarea con enorme compromiso y durante años debió asumir responsabilidades que excedían su función: realizar compras, buscar proveedores y administrar recursos destinados a la alimentación, cuando su principal responsabilidad debería estar enfocada en la educación.
A esto se suman irregularidades de gravedad que incluso derivaron en denuncias penales. Cuando están en juego recursos públicos destinados a alimentar a nuestros chicos, el Estado no puede naturalizar prácticas deficientes simplemente porque se mantuvieron durante años. Su responsabilidad es detectar los problemas y trabajar para solucionarlos.
Por eso considero que el debate corre el riesgo de plantearse de manera equivocada.
Si un producto incorporado al nuevo esquema no cumple con los requisitos establecidos, debe ser reemplazado. Si algo puede mejorarse, debe ser corregido. La discusión no debería centrarse en defender una determinada galletita, un budín o una marca, sino en garantizar que todos los chicos reciban alimentos de calidad y que cada peso público destinado a ese objetivo pueda ser controlado y auditado.
Además, el nuevo modelo no elimina la posibilidad de que las escuelas incorporen frutas y alimentos frescos. Se trata de un esquema mixto, en el que la centralización busca establecer una base común, con criterios de calidad, control y trazabilidad que puedan aplicarse en todo el territorio provincial.
Ese es, en definitiva, el punto central de la discusión: que la alimentación que recibe cada chico no dependa de las posibilidades de compra o de la forma de administración de cada establecimiento, sino que el Estado pueda garantizar un estándar de calidad para todos.
Es posible discutir cómo implementar mejor el nuevo sistema, señalar errores, proponer modificaciones y exigir resultados. Todo eso forma parte de un debate necesario.
Lo que no podemos hacer es idealizar un modelo que durante años mostró problemas que conocemos.
Cuando hablamos de la alimentación de nuestros chicos, detectar las fallas y elegir no modificarlas no puede ser una opción. El desafío es construir un sistema mejor, más transparente y capaz de garantizar igualdad y calidad para todos.
