El Gobierno de Entre Ríos dispuso una sanción administrativa de 55 días de arresto contra el exjefe de la Jefatura Departamental Uruguay, Ramón Alejandro Albornoz, tras considerar acreditadas irregularidades en el manejo de fondos del Casino de Oficiales y del Círculo Policial.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 1905, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, luego de la investigación administrativa llevada adelante por la Dirección General de Asuntos Internos.
Según el decreto, Albornoz incumplió los deberes inherentes a su función como máxima autoridad policial del departamento al disponer de fondos provenientes de los aportes mensuales de los efectivos al Círculo Policial. El Ejecutivo le atribuye responsabilidad por un faltante superior a los 6,3 millones de pesos, lo que habría ocasionado un perjuicio económico a la institución.
La investigación
El sumario comenzó tras la difusión pública de presuntas irregularidades detectadas en la División Logística de la Jefatura Departamental Uruguay. A partir de esa información se realizó una auditoría interna que incluyó arqueo de fondos, revisión de balances, conciliaciones bancarias y documentación contable.
Durante ese proceso, la entonces subjefa departamental y presidenta del Círculo Policial, Etelvina Raquel Piccini, dejó asentado un faltante de 6.391.411 pesos al asumir la administración del Casino de Oficiales e intimó posteriormente a Albornoz para regularizar la situación.
Otra sanción
La investigación administrativa también derivó en una sanción para Piccini. El Gobierno entendió que, pese a detectar las irregularidades, demoró en intimar formalmente al exjefe policial y no informó de inmediato el hecho a las autoridades superiores ni a la Justicia.
Por ese motivo, la comisaria inspectora recibió una sanción de 25 días de arresto, medida que quedó firme a comienzos de este año.
La causa penal sigue en trámite
En paralelo al expediente administrativo, la Justicia investiga a Albornoz por el presunto delito de peculado. En ese marco, ya fue citado a declaración indagatoria.
Además, pericias contables incorporadas a la causa detectaron diversas inconsistencias en los registros financieros, aunque los especialistas señalaron que el estado de la documentación impidió reconstruir con precisión la totalidad de los movimientos de fondos.
Con la publicación del decreto, el Gobierno provincial formalizó la sanción administrativa, mientras la investigación judicial continúa para determinar las eventuales responsabilidades penales.
