Hace algunas semanas publiqué una columna titulada «Reformar bien». En ella sostenía, en base al tratamiento que se estaba dando en la legislatura provincial al proyecto del gobernador Rogelio Frigerio, que el sistema previsional entrerriano necesitaba una discusión seria, profunda y responsable. Lo sigo creyendo. La sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones no puede ignorarse ni postergarse indefinidamente. Pero también advertía que una reforma previsional no debía medirse únicamente por su impacto fiscal, sino por su capacidad para preservar derechos, fortalecer la seguridad social y construir consensos.
La sanción de la reforma previsional dejó una enseñanza política que trasciende el contenido mismo de la ley. Este miércoles no fue la Cámara de Diputados la que aprobó la reforma; fue la mayoría del oficialismo la que impuso los votos necesarios para convertirla en ley. Esa diferencia no es menor. La Cámara representa la pluralidad política de Entre Ríos; la mayoría circunstancial del oficialismo representa una parte de ella. Confundir ambas cosas supone simplificar un debate que merece ser mucho más profundo.
UNA MAYORÍA ES LEGÍTIMA; EL CONSENSO, NECESARIO
El bloque que responde al gobernador Rogelio Frigerio reunió los votos necesarios para sancionar el proyecto. El peronismo no votó a favor y desde el bloque cuestionaron tanto el tratamiento exprés como distintos aspectos de la reforma, entre ellos el impacto sobre los trabajadores y las dudas de constitucionalidad de algunos artículos.
En democracia, las mayorías parlamentarias son absolutamente legítimas. Para eso existen los cuerpos legislativos. Pero hay decisiones cuya trascendencia exige algo más que una mayoría numérica. Las reformas previsionales modifican las reglas sobre las que miles de trabajadores (y sus familias) proyectan su futuro y planifican su retiro. Por esa razón, la legitimidad política de una reforma no debería agotarse en una votación ajustada, sino construirse sobre el diálogo y la búsqueda de acuerdos que le otorguen estabilidad en el tiempo.
No toda ley aprobada por mayoría alcanza, por ese solo hecho, la fortaleza institucional que brindan los consensos.
EL DEBATE QUE QUEDÓ PENDIENTE
He sostenido que reformar no era, en sí mismo, un problema. Máxime si de leyes hablamos. Toda ley, pasado el tiempo, puede ser revisada sin problemas, ¿quién puede negarse a ello? Lo verdaderamente importante, en este caso, era reformar bien. Si así se lo pretendía realmente. Cosa que no ocurrió. Por eso esa idea original mantiene plena vigencia.
Nadie desconoce las dificultades que atraviesa la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos ni la necesidad de garantizar su sustentabilidad. Lo que genera preocupación es que una transformación de semejante magnitud haya sido tratada con tanta rapidez y sin un proceso más amplio de participación que permitiera escuchar con atención a trabajadores, jubilados, especialistas, universidades, sindicatos y demás actores vinculados con el sistema.
Las reformas estructurales no deberían medirse por la velocidad con la que atraviesan el recinto legislativo, sino por la calidad del debate que las precede.
¿QUIÉN TERMINA PAGANDO EL COSTO?
El Gobierno sostiene que la reforma busca ordenar las cuentas del sistema previsional. Ese objetivo puede resultar legítimo. Sin embargo, la discusión política consiste en determinar quién soporta el esfuerzo necesario para alcanzarlo.
Es posible discutir la modernización del sistema, pero no aceptar que ello implique una pérdida de derechos conquistados ni que el peso del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores activos y jubilados.
Las modificaciones incorporadas por la ley generan precisamente ese interrogante. Cambios en el cálculo del haber inicial, nuevos aportes, alteraciones en regímenes especiales y modificaciones en distintos mecanismos del sistema configuran una reforma profunda, cuyos efectos recién podrán dimensionarse con el paso del tiempo.
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN ABIERTAS
El debate legislativo también dejó interrogantes que continúan sin respuesta. Uno de ellos tiene que ver con la deuda que el Estado Nacional mantiene con la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Resulta difícil comprender que se reclame un mayor esfuerzo a quienes aportan al sistema sin que, con la misma intensidad, se impulse un reclamo político e institucional firme por los recursos que corresponden a la provincia.
También queda pendiente otra discusión de fondo: si realmente se agotaron todas las alternativas antes de avanzar sobre el régimen previsional vigente. Cuando la principal respuesta frente al déficit consiste en modificar derechos o incrementar esfuerzos contributivos, es razonable preguntarse si existían otros caminos posibles.
UNA REFORMA QUE COMIENZA BAJO CUESTIONAMIENTOS
Durante el tratamiento legislativo también se plantearon objeciones sobre la constitucionalidad de algunos artículos del proyecto. Si esos cuestionamientos derivan en planteos judiciales, la provincia podría ingresar en un escenario de incertidumbre que difícilmente contribuya a fortalecer el sistema previsional. De igual manera a como está ocurriendo con OSER.
Las mejores reformas son aquellas que nacen con suficiente respaldo político, social y jurídico para perdurar. Cuando una ley comienza su vigencia rodeada de controversias, el debate difícilmente pueda darse por terminado con la promulgación.
EL TIEMPO DARÁ SU VEREDICTO
El oficialismo consiguió imponer su mayoría en ambas cámaras para un tema altamente sensible. Impuso los votos, pero no logró consenso social, sectorial o legislativo. Nadie puede discutir ese dato, ni lo uno ni lo otro. Lo que todavía está por verse es si esa mayoría alcanzará para sostener, en el tiempo, una reforma que nació sin los consensos que una decisión de esta magnitud requería.
Las consecuencias reales comenzarán a medirse cuando los trabajadores conozcan el impacto efectivo sobre sus futuras jubilaciones, cuando los actuales jubilados evalúen la evolución de sus haberes, cuando la Provincia pueda demostrar que la sustentabilidad prometida efectivamente se alcanzó y cuando la Justicia se expida sobre los cuestionamientos que ya comenzaron a formularse.
Las mayorías son una herramienta indispensable de la democracia. Pero las reformas que perduran son aquellas que logran trascender a las mayorías circunstanciales y convertirse en políticas de Estado. Porque los votos le alcanzaron al gobernador Rogelio Frigerio para sancionar la ley. El consenso, todavía no.
(*) Abogado y Concejal. Vicepresidente 1° del HCD de Concepción del Uruguay. Presidente del Bloque “Juntos por Uruguay” – P J.
