“Quince años después, Concepción del Uruguay sigue organizando decisiones del presente alrededor de conflictos del pasado. El debate sobre el CECAT es mucho más que una discusión sobre un edificio: es una oportunidad para preguntarnos qué ciudad queremos construir. Porque una ciudad no puede seguir diseñando su futuro alrededor de las compensaciones de su pasado.”
Durante los últimos días volvió a instalarse un debate que, a primera vista, parece exclusivamente administrativo. Por un lado, el Municipio decidió dar por terminado el convenio relacionado con el CECAT por sucesivos incumplimientos atribuidos al privado. Por otro, el Gobierno provincial analiza trasladar allí distintas dependencias para concentrar servicios y dejar de alquilar inmuebles dispersos en la ciudad.
Sin embargo, reducir la discusión a la ubicación de algunas oficinas públicas sería perder de vista lo verdaderamente importante. Lo interesante de este debate es que vuelve a poner sobre la mesa una historia que comenzó hace más de quince años y que demuestra cómo las decisiones públicas pueden seguir condicionando el desarrollo de una ciudad mucho tiempo después de haber sido tomadas.
El acuerdo original era mucho más amplio que el destino del Mercado 3 de Febrero. También contemplaba la cesión de la actual terminal de ómnibus para un hotel y la construcción de una nueva terminal en otro sector de la ciudad, además de otras inversiones comprometidas por el grupo empresario. La fuerte reacción de vecinos, instituciones y distintos sectores de la comunidad terminó frenando aquella iniciativa y, años después, el convenio fue rescindido por falta de consenso social.
Muchos creyeron entonces que el conflicto había terminado. En realidad, apenas estaba cambiando de forma. Las inversiones ya iniciadas, los convenios posteriores y las distintas obligaciones asumidas obligaron a encontrar una salida. El edificio originalmente pensado para la nueva terminal terminó reconvertido en el actual CECAT mediante nuevos acuerdos que permitieron darle un uso público. Aquella solución probablemente evitó un conflicto mayor en ese momento. El problema es que una solución pensada para una coyuntura terminó proyectándose durante quince años y hoy continúa condicionando nuevas decisiones del Estado.
Y aquí aparece, a mi entender, la verdadera pregunta. Si hoy la Provincia analiza concentrar allí distintas oficinas públicas, ¿es porque objetivamente ese es el mejor lugar para un Centro Cívico? ¿O porque seguimos intentando darle una utilización permanente a una solución que nació para resolver un conflicto puntual? La diferencia entre ambas preguntas no es menor. Un Centro Cívico debería pensarse desde la lógica del ciudadano: la accesibilidad, el transporte, la cercanía con otros organismos, la facilidad para realizar trámites y la planificación urbana de largo plazo. Si finalmente ese lugar resulta ser el más conveniente, bienvenido sea. Pero el objetivo de un Centro Cívico debe ser servir mejor al ciudadano, no terminar justificando o consolidando acuerdos heredados cuya conveniencia para la ciudad merece ser revisada.
Resulta difícil explicarles a los vecinos que, mientras se reclama austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, el Estado Provincial continúe destinando recursos públicos para sostener un esquema que nació como respuesta a un conflicto de hace quince años. Las soluciones transitorias no deberían transformarse en obligaciones permanentes.
Pero esta historia no termina en el CECAT. Buena parte de los actores empresarios vinculados a aquel conflicto continúan hoy presentes en la explotación del juego en Concepción del Uruguay. Si durante quince años debatimos las consecuencias de aquel acuerdo, quizás también haya llegado el momento de preguntarnos qué beneficios concretos le ha dejado a la ciudad el modelo de juego que terminó consolidándose. ¿Aporta nuevas inversiones? ¿Atrae turistas? ¿Genera un verdadero efecto multiplicador sobre la economía local? ¿O funciona bajo otra lógica?
Desde el punto de vista económico, no todos los casinos cumplen la misma función. Existe un modelo que podríamos llamar casino extractivo. Llamo así a aquel cuya rentabilidad depende fundamentalmente del dinero que gastan los propios habitantes de la ciudad y no de su capacidad para atraer visitantes y generar un efecto multiplicador sobre el resto de la economía local. Es un concepto que, creo, merece una discusión mucho más profunda de la que solemos dar. Esa será una reflexión para una próxima nota.
Afortunadamente, esta historia también demuestra que las ciudades pueden corregir el rumbo. Durante años, el Mercado 3 de Febrero quedó atrapado por aquel conflicto. Uno de los edificios más emblemáticos de Concepción del Uruguay permaneció prácticamente inmovilizado mientras la ciudad discutía cómo resolver un problema heredado. Hoy, en cambio, parece abrirse una oportunidad distinta. El proceso de iniciativa privada actualmente en marcha busca transformar ese espacio en un polo comercial, gastronómico, cultural y turístico.
Más allá de quién resulte finalmente adjudicatario, lo importante es el cambio de enfoque. La ciudad parece estar dejando de administrar un conflicto para empezar a construir un proyecto. Y quizás esa sea la principal enseñanza que deja toda esta historia. Las malas decisiones también se heredan. Pero también pueden corregirse cuando existe una visión clara de largo plazo.
Si hoy el Mercado vuelve a convertirse en una oportunidad para el desarrollo de Concepción del Uruguay, quizás también haya llegado el momento de revisar otras decisiones heredadas, como el uso público del predio del CECAT. No para buscar responsables ni reabrir viejas discusiones, sino para preguntarnos si las soluciones que alguna vez fueron necesarias siguen siendo las mejores para la ciudad de hoy.
(*) Economista y concejal.
