El Gobierno de España anunció la instalación de una barrera submarina de 500 metros en el rompeolas de El Tarajal, en Ceuta, con el objetivo de dificultar los cruces migratorios desde Marruecos.
La medida fue comunicada en medio de una grave crisis fronteriza que dejó 67 personas fallecidas, entre ellas migrantes que murieron ahogados y otras víctimas de una estampida registrada durante los intentos de atravesar el espigón fronterizo.
La Guardia Civil continúa con los operativos de búsqueda de cuerpos en la zona del Tarajal. La nueva estructura tendrá aproximadamente un metro de profundidad bajo el agua y unos 50 centímetros por encima de la superficie, según informó el Ministerio del Interior español.
Retorno de migrantes
Durante la jornada, un grupo de migrantes que logró llegar a nado hasta la playa de Tarajal fue interceptado por soldados españoles y escoltado nuevamente hacia Marruecos.
Según las autoridades españolas, la mayoría de las personas que ingresaron al territorio durante los últimos días ya fueron devueltas. Madrid aseguró que 48.000 de los aproximadamente 50.000 migrantes que habían cruzado ya regresaron a Marruecos.
La situación comenzó a normalizarse en las calles de Ceuta, aunque las autoridades locales advirtieron que la ciudad todavía no recuperó completamente la normalidad.
El alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostuvo que la crisis alteró la vida cotidiana de la ciudad y señaló que, si bien el retorno de los migrantes comenzó de manera favorable, el proceso todavía debía completarse.
En contraste, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que en menos de 48 horas la situación había cambiado considerablemente y que la normalidad comenzaba a recuperarse.
Reclamo de Pedro Sánchez a Europa
En paralelo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuestionó la postura de algunos países de la Unión Europea frente a la crisis migratoria.
El mandatario calificó de «egoísta» la actitud de determinados gobiernos y advirtió sobre las consecuencias de decisiones que, según sostuvo, responden a prejuicios, información falsa o intereses políticos.
Sánchez defendió una respuesta europea basada en la solidaridad y señaló que este tipo de medidas pueden entrar en contradicción con el derecho europeo y humanitario, además de perjudicar los intereses de largo plazo de la Unión Europea.
