Un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce presentaron una acción de amparo colectivo y una medida cautelar contra el Gobierno provincial para cuestionar la implementación del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas en las escuelas públicas.
La presentación fue recibida por el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, quien tuvo por promovida la acción y dio intervención al Ministerio Público. El magistrado también solicitó al Gobierno entrerriano que informe sobre los procedimientos administrativos vinculados con la adquisición y provisión de los alimentos destinados a los comedores escolares.
El planteo judicial se realizó a pocas horas de la puesta en marcha del nuevo esquema, prevista desde este 1° de agosto para 996 comedores escolares de establecimientos urbanos y rurales con una matrícula superior a 50 estudiantes.
Cuestionamientos al nuevo esquema
Los amparistas solicitaron que la Provincia continúe transfiriendo fondos a cada establecimiento para que la compra de alimentos pueda realizarse de manera descentralizada.
El reclamo apunta principalmente contra el nuevo sistema de compra centralizada impulsado por el Gobierno, que reemplazará el mecanismo de adquisición mediante tarjetas. Desde el Ejecutivo se había señalado que la modificación busca reforzar los controles, garantizar la calidad nutricional y establecer un estándar común para los estudiantes alcanzados.
Sin embargo, quienes promovieron el amparo sostienen que la nueva modalidad implica un cambio estructural en la política alimentaria escolar y cuestionan que se incorporen productos industrializados predeterminados en reemplazo de alimentos frescos y elaboraciones locales.
En ese sentido, plantearon que no se habrían puesto a disposición de las comunidades educativas estudios técnicos, evaluaciones nutricionales, sanitarias, sociales y culturales que permitan determinar si el nuevo esquema garantiza una alimentación adecuada, saludable, segura, suficiente, variada y culturalmente aceptable.
La presentación alcanza a establecimientos urbanos y rurales, escuelas de jornada completa, instituciones agrotécnicas y de educación especial, además de hogares y otros dispositivos educativos.
Qué resolvió el juez
Malvasio dispuso que el Gobierno provincial entregue, en un plazo de 48 horas, toda la documentación administrativa relacionada con las licitaciones, contrataciones y procedimientos utilizados para adquirir y proveer los alimentos que serán destinados a los comedores escolares.
El requerimiento incluye pliegos, ofertas, dictámenes y actos de adjudicación, entre otra documentación vinculada con la provisión de desayunos y meriendas.
Además, el magistrado dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Fiscalía de Estado, mientras que el Gobierno deberá responder la demanda dentro del plazo de siete días.
Respecto de la medida cautelar solicitada, el juez resolvió requerir previamente la documentación administrativa antes de adoptar una decisión sobre su procedencia.
Qué piden los amparistas
Entre los principales pedidos, los demandantes solicitaron suspender la implementación del nuevo sistema y que la Provincia se abstenga de distribuir alimentos que no cuenten con antecedentes técnicos suficientes que acrediten el cumplimiento de las normas nutricionales y sanitarias vigentes.
También solicitaron que en los establecimientos educativos no se entreguen productos que contengan sellos de advertencia o leyendas precautorias, conforme a lo establecido por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.
El objetivo central del amparo es garantizar que los niños, niñas y adolescentes que reciben asistencia alimentaria en las escuelas públicas tengan acceso a una alimentación adecuada, saludable, segura, sostenible, suficiente, variada y culturalmente aceptable, de acuerdo con la normativa nacional y provincial vigente.
Por el momento, la Justicia no suspendió la implementación del nuevo sistema y se encuentra a la espera de la documentación requerida al Gobierno provincial antes de resolver sobre la medida cautelar.
