El STJ y el CGE firmaron un convenio para garantizar el acceso a la educación de jóvenes en conflicto con la ley penal
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) y el Consejo General de Educación (CGE) suscribieron un convenio marco de cooperación destinado a fortalecer el acceso a la educación, la capacitación laboral y la formación profesional de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal.
El acuerdo fue firmado por el presidente del STJ, Germán Carlomagno, y el titular del CGE, Carlos Cuenca, junto al director de Educación de Jóvenes y Adultos, Alfredo Blochinger, y el coordinador departamental Paraná de esa modalidad, Rodolfo Martín Álvarez. Del acto también participaron autoridades del Superior Tribunal de Justicia, entre ellas el vicepresidente Carlos Federico Tepsich, las vocales Susana Medina, Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y Laura Mariana Soage, además del juez en lo Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Pablo Barbirotto.
El convenio tiene como finalidad promover acciones conjuntas que garanticen el derecho a la educación de adolescentes y jóvenes que, siendo menores de edad al momento del hecho investigado, se encuentren imputados, acusados o hayan sido declarados penalmente responsables por la comisión de un delito.
Para ello, ambas instituciones impulsarán estrategias orientadas a ampliar las oportunidades de formación educativa y laboral, favoreciendo los procesos de inclusión social y la construcción de nuevos proyectos de vida.
Entre los principales ejes del acuerdo se encuentran la implementación de propuestas de educación obligatoria, programas de capacitación laboral y formación profesional, además de instancias de actualización para equipos técnicos, supervisores y directivos de las instituciones educativas.
Asimismo, se prevé el desarrollo de herramientas que faciliten el ingreso, la permanencia y la finalización de los estudios por parte de los jóvenes alcanzados por el programa, con el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación.
Las acciones específicas que se implementen serán definidas mediante convenios particulares, en los que se establecerán los objetivos, los planes de trabajo, los plazos y la modalidad de ejecución. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y se renovará automáticamente, salvo que alguna de las partes manifieste su decisión de no hacerlo.
