El juez de Garantías de Paraná, Pablo Zoff, resolvió elevar a juicio la causa que investiga una presunta maniobra de administración fraudulenta en perjuicio de la Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER). La resolución, conocida este viernes, alcanza a Leonor Barbero Marcial, Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Viviana Graciela Grenón y Walter Roberto Grenón, quienes deberán afrontar el proceso oral por ese delito.
En la misma causa, Luis Alberto Guevara fue desvinculado tras obtener el sobreseimiento, mientras que Germán Buffa acordó un juicio abreviado, reconoció el hecho que se le atribuyó y aceptó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta.
El juez rechazó todos los planteos de las defensas
En su resolución, Zoff desestimó las excepciones de prescripción, atipicidad, vulneración del plazo razonable y los distintos pedidos de sobreseimiento planteados por las defensas. El magistrado entendió que ninguna de las pruebas incorporadas durante la etapa intermedia logró desvirtuar los elementos reunidos durante la investigación, por lo que consideró que existen fundamentos suficientes para que el caso sea debatido en un juicio oral.
El juez sostuvo además que la Fiscalía y las querellas cuentan con elementos probatorios suficientes para sostener una imputación seria y razonable, remarcando que será durante el juicio donde se determinará con certeza si los hechos ocurrieron y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los acusados.
El planteo por violencia institucional
Uno de los planteos analizados fue el presentado por la defensa de Leonor Barbero Marcial, que argumentó una supuesta situación de violencia institucional por razones de género y edad. Sin embargo, Zoff rechazó esa interpretación al considerar que el proceso judicial responde a una sospecha fundada que, con el avance de la investigación, se consolidó como una probabilidad de responsabilidad penal.
El magistrado agregó que el hecho de que la imputada tenga 90 años y sea mujer no la exime de sus responsabilidades procesales, aunque aclaró que el tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos cuando resulte necesario.
La maniobra investigada
Según la acusación, entre 2011 y 2015 los imputados habrían impulsado una serie de operaciones destinadas a descapitalizar a SAER mediante la venta de numerosos inmuebles pertenecientes a la empresa a sociedades vinculadas con los propios acusados. Para la Fiscalía, esas operaciones se realizaron en perjuicio de la firma y permitieron obtener beneficios patrimoniales personales, dejando a la empresa sin bienes suficientes para responder a sus obligaciones comerciales, financieras y fiscales.
La investigación sostiene además que, una vez concretadas las ventas, el dinero obtenido fue distribuido entre algunos de los imputados y otras entidades vinculadas, mientras que SAER quedó prácticamente sin patrimonio inmobiliario y debió recurrir a nuevas fuentes de financiamiento. Incluso, la acusación afirma que la maniobra concluyó con nuevas operaciones sobre inmuebles utilizados como garantía de préstamos, por valores que habrían estado muy por debajo de los precios de mercado, agravando el perjuicio económico para la empresa.
