La diputada nacional por Entre Ríos Blanca Osuna presentó una cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados para rechazar la decisión del Gobierno nacional de concesionar por 25 años la Vía Navegable Troncal del río Paraná. La legisladora sostuvo que la medida implica la cesión de un recurso estratégico a intereses privados y extranjeros, además de advertir sobre presuntas irregularidades en el proceso licitatorio y el impacto ambiental que podrían generar las obras previstas.
A través de un documento titulado «Nuestro río, nuestra historia, nuestra lucha», Osuna cuestionó la adjudicación realizada el pasado 20 de junio al consorcio Jan De Nul–ServiMagnus y afirmó que el procedimiento estuvo marcado por «irregularidades e intereses económicos ajenos al desarrollo de la región».
Preocupación por el impacto ambiental
La diputada alertó que el proyecto contempla profundizar el dragado del río Paraná de 34 a 44 pies, una modificación que, según especialistas, organizaciones ambientalistas, pescadores y autoridades de localidades costeras, podría alterar el equilibrio del ecosistema fluvial.
En ese sentido, sostuvo que las obras favorecerían la erosión de las costas, afectarían la biodiversidad, los humedales y el acuífero Guaraní, además de comprometer el abastecimiento de agua potable para las comunidades ribereñas.
También cuestionó la eliminación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), dispuesta mediante el Decreto 699/24, al considerar que dejó sin representación a Entre Ríos y al resto de las provincias del Litoral. Asimismo, criticó al gobernador Rogelio Frigerio por lo que definió como una falta de compromiso en la defensa de los intereses provinciales.
Objeciones al proceso licitatorio
Entre los fundamentos de su presentación, Osuna recordó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió en mayo un dictamen en el que advirtió sobre «graves irregularidades» en la licitación, las cuales podrían derivar en responsabilidades penales.
Según indicó, entre las observaciones figuran la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental Integral, exigida por la normativa vigente, limitaciones al derecho de impugnación de los oferentes y posibles vulneraciones al principio de igualdad durante el proceso.
La legisladora también denunció un presunto conflicto de intereses al señalar que Francisco Mansanta, representante del Gobierno nacional en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), participó simultáneamente en la evaluación de la licitación del Paraná, luego de haber intervenido en la adjudicación del dragado del río Uruguay a la misma empresa.
Defensa del federalismo
Como parte de sus argumentos, Osuna repasó antecedentes históricos vinculados a la defensa de los recursos naturales y el federalismo, entre ellos la construcción del Túnel Subfluvial, la Ley de Libertad de los Ríos y el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP).
Finalmente, recordó que continúa con estado parlamentario un proyecto de su autoría para crear la Comisión Administradora del Río Paraná, un organismo interjurisdiccional con representación de las provincias, así como otra iniciativa destinada a conformar una comisión de seguimiento y control de la licitación.
«Delegar el control estatal es resignar capacidad de decisión sobre nuestros recursos y nuestro desarrollo. El río Paraná no es mercancía», concluyó la diputada.
