Una serie de demoras en la ejecución de las medidas judiciales permitió la fuga de un hombre condenado a 10 años de prisión efectiva por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Tras conocer la sentencia de manera virtual, el acusado abandonó su domicilio y permanece prófugo, mientras pesa sobre él una orden de captura nacional e internacional.
Se trata de Rubén Alberto “Petro” Cabra, de 43 años, quien fue juzgado por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. El veredicto fue dictado el pasado 16 de junio y leído mediante una audiencia realizada por la plataforma Zoom, en la que el imputado participó a distancia desde la provincia del Chaco.
Cuatro días que facilitaron la fuga
Luego de la lectura de la condena, el tribunal no dispuso la detención inmediata de Cabra y le impuso únicamente pautas de conducta. Esa decisión le otorgó varios días de margen antes de que las fuerzas de seguridad intentaran localizarlo.
El 20 de junio, efectivos de Gendarmería Nacional se presentaron en los domicilios vinculados al condenado en la ciudad chaqueña de Villa Ángela para notificarlo formalmente. Sin embargo, el operativo reveló que Cabra ya había desaparecido.
En una primera vivienda, su madre aseguró no tener contacto con él desde hacía semanas. En otro domicilio, su pareja brindó una versión similar. Finalmente, en una tercera propiedad, ocupada recientemente por una cuñada del acusado, los uniformados constataron que el hombre había retirado todas sus pertenencias pocos días antes, coincidiendo con la fecha del fallo judicial.
Ante esta situación, el juez de Cámara Sebastián Gallino declaró a Cabra en rebeldía mediante la Resolución Nº 29/2026 y ordenó su captura nacional e internacional, con la correspondiente alerta roja de Interpol.
Una causa que se remonta a 2006
Durante el juicio se acreditó que los hechos investigados comenzaron en 2006, cuando una adolescente de 17 años fue captada en Chaco mediante falsas promesas laborales y trasladada a Entre Ríos.
Según quedó probado en el debate oral, la joven fue llevada a un cabaret de Concepción del Uruguay, donde fue privada de su libertad y sometida a explotación sexual. La víctima logró escapar en una oportunidad y regresar a su provincia, pero posteriormente fue localizada y trasladada nuevamente a Entre Ríos, donde continuó siendo explotada.
La denuncia formal recién pudo concretarse en 2019 a través de la Línea 145, especializada en la recepción de denuncias por trata de personas. La investigación fue impulsada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y por la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay.
El principal responsable del establecimiento donde ocurrieron los hechos falleció durante la instrucción de la causa, por lo que Cabra llegó al juicio como el único acusado.
Indemnización millonaria y preocupación por la víctima
Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso una reparación económica de 65.292.000 pesos a favor de la víctima, junto con el decomiso del inmueble utilizado para la explotación y el embargo de una motocicleta.
No obstante, la fuga del condenado dejó en suspenso la ejecución de la condena y el cumplimiento efectivo de las medidas patrimoniales ordenadas por la Justicia.
La situación genera preocupación entre organismos vinculados a la protección de víctimas de trata, especialmente porque la denunciante reside actualmente en la misma localidad donde el entorno familiar del prófugo mantiene vínculos y posibles redes de apoyo.
