Durante una entrevista radial, el abogado del gremio, Andrés Ocampo, recordó que el conflicto comenzó en mayo de 2024 a partir de reclamos vinculados a las condiciones de seguridad e higiene dentro de la fábrica de baterías.
Según explicó, los trabajadores advirtieron sobre riesgos derivados de la manipulación de productos químicos y sostienen que la empresa respondió con sanciones, suspensiones y despidos que derivaron en una escalada del conflicto.
Ocampo señaló que existe un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, emitido el 10 de enero de 2025, que ordenó la reincorporación de 25 trabajadores despedidos.
Sin embargo, afirmó que la resolución aún no fue cumplida por la empresa y que esa situación genera una acumulación de salarios adeudados, multas diarias y nuevos reclamos judiciales. «Ya hay trabajadores que iniciaron acciones por despido y otros continúan esperando su reincorporación. Todo esto genera una deuda cada vez más difícil de afrontar», sostuvo.
El letrado consideró que la prolongación del conflicto pone en riesgo la continuidad de la empresa y advirtió sobre la posible pérdida de puestos de trabajo.
Pedido de audiencia al Concejo Deliberante
Desde el sindicato informaron que solicitaron una audiencia al Concejo Deliberante de Larroque para exponer la situación, aunque aseguraron que todavía no recibieron una fecha de convocatoria.
Ocampo sostuvo que el conflicto trasciende el plano laboral y afirmó que también existen preocupaciones relacionadas con la salud de los trabajadores y el impacto ambiental de la actividad industrial.
En ese marco, mencionó estudios vinculados a la presencia de plomo en sangre en trabajadores y señaló que existen investigaciones sobre posibles efectos en animales que habitan en las inmediaciones de la planta.
Denuncias por falta de controles
El prosecretario del sindicato, Martín Gómez, indicó que el 12 de febrero presentaron una denuncia ante la Secretaría de Trabajo solicitando inspecciones sobre las condiciones laborales dentro de la fábrica.
Según afirmó, hasta el momento no recibieron información sobre el resultado de esos pedidos. «Queremos saber si se están realizando los controles médicos correspondientes, si se cumplen las normas de higiene y seguridad y si los trabajadores cuentan con los elementos de protección adecuados», expresó.
También sostuvo que existen denuncias de atrasos salariales y situaciones de maltrato hacia empleados que continúan desempeñándose dentro de la planta.
El acampe continúa con 34 trabajadores
Por su parte, el delegado Ignacio Gervasoni indicó que actualmente son 34 los trabajadores que sostienen el acampe frente a la empresa.
Explicó que la permanencia se mantiene gracias a aportes solidarios de trabajadores químicos y a la asistencia brindada por el sindicato mediante la entrega de alimentos.
Asimismo, señaló que el prolongado conflicto afecta tanto la situación económica como el estado emocional de los trabajadores y sus familias.
Los representantes gremiales anticiparon que continuarán impulsando acciones judiciales para reclamar salarios, indemnizaciones y el cumplimiento de las resoluciones ya dictadas por la Justicia.
Además, reiteraron que están dispuestos a retomar instancias de diálogo para buscar una salida al conflicto. «Siempre estuvimos abiertos a conversar y encontrar una solución que permita recuperar los puestos de trabajo y normalizar la actividad», afirmaron desde el sindicato.
