Conflicto municipal. El paro profundizó la disputa entre la AOEM y el Ejecutivo

La medida de fuerza de 48 horas impulsada por los trabajadores municipales alcanzó una adhesión superior al 90%, según el gremio. En medio del conflicto, el Municipio denunció amenazas e impedimentos a la salida de camiones recolectores, mientras que la conducción sindical rechazó las acusaciones y avanzó con una denuncia penal contra el intendente.

La semana cerró con una nueva escalada en el conflicto que mantienen la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) y el Departamento Ejecutivo de Concepción del Uruguay. Luego de varias semanas de retenciones de servicios y reclamos por cuestiones salariales y laborales, el gremio concretó un paro total de actividades por 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, en lo que constituyó la medida más fuerte adoptada hasta el momento.

La decisión fue resuelta por los trabajadores ante la falta de avances en las negociaciones con el Ejecutivo. Desde la organización sindical sostienen que no han obtenido respuestas satisfactorias a los planteos vinculados a recomposición salarial, carrera administrativa, condiciones laborales y otros reclamos que forman parte de la agenda gremial desde hace meses. Durante la primera jornada de la huelga, la AOEM informó un acatamiento del 91%, porcentaje que, según sus dirigentes, reflejó el respaldo de los empleados municipales al plan de lucha.



En diálogo con LA CALLE, el secretario general de la AOEM, Mario Barberán, calificó como “contundente” la adhesión a la medida. “La respuesta de los trabajadores fue abrumadora y demuestra el fuerte respaldo que tiene el reclamo que viene impulsando el gremio”, sostuvo el dirigente, quien además consideró que el nivel de acatamiento ratificó el malestar existente entre los empleados municipales por la falta de respuestas a sus demandas.

Sin embargo, el conflicto sumó un nuevo capítulo durante la noche del jueves. A través de una gacetilla difundida por el área de prensa, la Municipalidad denunció que integrantes del sindicato impidieron de manera violenta la salida de camiones destinados a la recolección de residuos sólidos urbanos. Según la versión oficial, el hecho incluyó amenazas al personal que debía cumplir con el servicio y motivó una presentación ante la Fiscalía. Además, se informó que uno de los recorridos debió ser reprogramado y concretado durante la madrugada del viernes.

Consultado por LA CALLE sobre esas acusaciones, Barberán rechazó categóricamente la versión municipal. “Eso es totalmente falso. No hubo ningún conflicto ni incidentes con los trabajadores de la recolección de residuos, mucho menos entre compañeros municipales. Rechazamos esa versión porque no refleja lo que ocurrió durante la medida de fuerza”, afirmó.

Horas más tarde, la AOEM difundió un comunicado institucional en el que reiteró su desmentida y aseguró que dirigentes gremiales mantuvieron una reunión informativa con trabajadores del sector Recolección entre las 19:30 y las 20:20 del jueves, tras la cual se retiraron “con total normalidad”. Según el documento, en ningún momento se obstaculizó la prestación de los servicios esenciales y se respetó tanto el derecho de huelga como el derecho a trabajar.

El gremio informó además que se presentó ante la Justicia para dejar asentada su versión de los hechos y ponerse a disposición de la investigación iniciada a partir de la denuncia municipal. Asimismo, sostuvo que hasta el cierre de esta edición no había tenido acceso al expediente judicial mencionado por las autoridades comunales.

Lejos de descomprimir la situación, la controversia derivó en una nueva instancia judicial. La AOEM anunció la presentación de una denuncia penal contra el intendente José Eduardo Lauritto por los presuntos delitos de falsa denuncia, abuso de autoridad y persecución sindical. En ese marco, acusó al Ejecutivo de intentar criminalizar una protesta que considera legítima y amparada por la Constitución. De esta manera, el conflicto salarial y laboral que originó el paro de 48 horas sumó ahora un fuerte componente político y judicial, sin que por el momento existan señales concretas de acercamiento entre las partes.