La política admite opiniones, críticas e interpretaciones. Lo que no admite es el olvido selectivo.
Afirmar que la gestión de Rogelio Frigerio es “la peor desde el retorno de la democracia” parece más un recurso efectista que una descripción seria de la realidad. Sobre todo, cuando la comparación incluye a dirigentes protagónicos de gobiernos que dejaron como legado escándalos de corrupción, graves desequilibrios fiscales, causas judiciales de enorme trascendencia institucional y una profunda pérdida de credibilidad pública.
Por primera vez en mucho tiempo, la provincia comienza a discutir seriamente cómo generar condiciones para el desarrollo sostenible en lugar de limitarse a administrar la coyuntura. El ordenamiento fiscal y administrativo no constituye un fin en sí mismo; es la condición indispensable para que las transformaciones puedan sostenerse en el tiempo.
Como ha señalado en reiteradas oportunidades el propio gobernador Rogelio Frigerio: «gobernar sin esconder los problemas debajo de la alfombra y enfrentar aquello que durante años se prefirió ignorar.»
Resulta paradójico, que sean los integrantes de décadas de administraciones kirchneristas —en sus distintas expresiones— quienes cuestionen con tanta ligereza a una gestión que lleva poco más de dos años intentando corregir problemas acumulados en esos años. Hubo tiempos de abundancia de anuncios y relatos grandilocuentes. Pero detrás de esa puesta en escena quedaron deudas, atraso en infraestructura estratégica, dependencia financiera y un Estado cada vez menos preparado para planificar el desarrollo.
Nombres como los de Sergio Urribarri y Gustavo Bordet —gobernadores durante más de dieciséis años consecutivos— junto al Diputado Guillermo Michel y otros dirigentes de ese espacio político no fueron observadores externos: fueron protagonistas que tuvieron responsabilidades directas en la conducción económica, financiera y administrativa tanto de la provincia como de la Nación.
En el caso de Urribarri, además, existe una dimensión judicial imposible de soslayar. Por eso, antes de repartir certificados de fracaso, sería razonable presentar un balance de los resultados propios. De eso, curiosamente, dicen poco, o nada.
La discusión de fondo no es sobre una declaración ni sobre una obra puntual. Es sobre qué modelo de provincia queremos. Si volver a la lógica del relato, el gasto sin planificación y la apropiación partidaria del Estado, o consolidar un camino basado en responsabilidad fiscal, transparencia, producción, inversión y generación de oportunidades.
Los entrerrianos tienen derecho a exigir resultados, formular críticas y reclamar mayor velocidad en las transformaciones. Eso fortalece la democracia. Pero para que el debate público tenga seriedad también hace falta memoria.
Porque la autoridad moral no se declama: se construye. Y quien pretende juzgar el presente debería estar dispuesto, antes que nada, a explicar su propio pasado.
La crítica es saludable. El espejo también.
(*) Integrante del Ateneo Crisólogo Larralde y Presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay
