Dos juicios abreviados culminaron esta semana con condenas dictadas en audiencias desarrolladas en la Cámara de Casación de Concepción del Uruguay, en causas impulsadas por la fiscal Lucía Bourlot.
En el primero de los casos, el vocal de Cámara, doctor Nicolás Gazali, presidió la audiencia realizada el 1 de junio, en la que Alexis Barreto admitió su responsabilidad en un hecho de lesiones graves ocurrido el 5 de agosto de 2025.
Según se ventiló durante la audiencia, el imputado se presentó en el domicilio de un vecino en medio de un enfrentamiento entre dos familias y, utilizando un hierro de importante tamaño, golpeó a J.C., provocándole la fractura de un brazo. La víctima es padre de una de las personas involucradas en el conflicto.
Durante el proceso también se confirmó que hubo otros imputados vinculados a la causa, aunque con diferentes grados de participación en los hechos investigados. Estos fueron beneficiados con la suspensión del juicio a prueba (probation), por lo que su situación procesal quedará supeditada al cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.
Tras reconocer su responsabilidad, Barreto fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional, pena que quedó sujeta al estricto cumplimiento de reglas de conducta. En caso de incumplimiento, podría disponerse la revocación del beneficio y su inmediata detención.
Condena efectiva por robo
Ese mismo día se llevó adelante una segunda audiencia de juicio abreviado, presidida por el vocal de Cámara Mariano Martínez, en la que Silvio Malatesta aceptó una condena de ocho meses de prisión efectiva por el delito de robo.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 24 de enero de 2025, alrededor de las 20 horas, cuando el acusado sustrajo una reja-portón de una vivienda ubicada sobre calle Posadas al 1100 de Concepción del Uruguay.
Pocos minutos después del hecho, y a unas cinco cuadras del lugar, Malatesta fue interceptado por personal policial que logró recuperar el elemento sustraído. Desde entonces, el imputado permanecía privado de su libertad.
Malatesta contó con la asistencia técnica de la defensora Valeria Irel y aceptó la pena acordada con la Fiscalía, quedando firme una condena de ocho meses de cumplimiento efectivo.
