El Gobierno reglamentó la reforma laboral y creó un nuevo sistema para financiar indemnizaciones
El Gobierno nacional reglamentó distintos aspectos de la Ley de Modernización Laboral mediante una serie de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial. Entre las principales novedades se destacan la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), nuevas disposiciones para convenios colectivos y asociaciones sindicales, modificaciones en los recibos de sueldo y un régimen de promoción para la registración de trabajadores.
Las medidas fueron oficializadas a través de los decretos 406, 407, 408 y 409/2026, que establecen los mecanismos de implementación de la normativa sancionada y promulgada meses atrás.
Uno de los cambios más relevantes es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta destinada a colaborar con el financiamiento de las indemnizaciones por despido. El sistema estará dirigido a empleadores del sector privado y funcionará mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Los aportes serán canalizados a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y se administrarán mediante cuentas individuales para cada empleador. No obstante, el Gobierno aclaró que la responsabilidad del cálculo y pago de las indemnizaciones continuará siendo exclusiva de las empresas. La entrada en vigencia del régimen fue postergada hasta el 1 de noviembre de 2026.
La reglamentación también incorpora modificaciones en materia de negociación colectiva. Entre otros aspectos, establece criterios para la revisión de convenios vencidos, fija límites para determinados aportes y contribuciones incluidos en acuerdos colectivos y dispone que algunos de esos aportes solo podrán exigirse a empresas afiliadas a las entidades correspondientes.
En relación con las organizaciones sindicales, se introducen nuevas pautas vinculadas a la representación gremial, el funcionamiento de los cuerpos directivos y el uso de licencias sindicales, además de mecanismos de control mediante cruces de información con registros oficiales.
Otro de los cambios destacados es la implementación de un nuevo modelo obligatorio de recibo de sueldo. El documento deberá incluir un detalle del costo laboral total asumido por el empleador, discriminando aportes patronales, contribuciones a la seguridad social, obra social, ART, PAMI y otros conceptos vinculados a la relación laboral.
La normativa también alcanza a las plataformas digitales de reparto y transporte, para las cuales se definieron autoridades de aplicación y pautas específicas de funcionamiento, además de establecer un nuevo régimen para las empresas de servicios eventuales.
Por otra parte, el Ejecutivo reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), orientado a incentivar la regularización de trabajadores no registrados. El esquema contempla importantes beneficios para los empleadores que adhieran, incluyendo condonaciones parciales de deudas previsionales y facilidades de pago.
En materia tributaria, se oficializaron cambios relacionados con operaciones inmobiliarias. Entre ellos, se precisó que quedarán exentas del Impuesto a las Ganancias las rentas obtenidas por alquileres de inmuebles destinados a vivienda, para los períodos fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2026.
Con estas medidas, el Gobierno avanzó en la puesta en marcha de distintos aspectos de la reforma laboral, una de las iniciativas centrales impulsadas por la administración nacional para modificar las reglas del mercado de trabajo y promover la formalización del empleo
