El Gobierno de Estados Unidos volvió a imponer sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, luego de que un tribunal de apelaciones suspendiera una resolución judicial que había dejado sin efecto las medidas adoptadas previamente por la administración de Donald Trump.
La decisión implica la reincorporación de la jurista italiana a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), elaborada por el Departamento del Tesoro estadounidense. La inclusión en este registro supone severas restricciones financieras, entre ellas la imposibilidad de realizar operaciones bancarias habituales o utilizar los principales sistemas de tarjetas de crédito.
Las sanciones habían sido suspendidas días atrás por un juez federal de Washington, quien consideró que la medida podría haber vulnerado el derecho a la libertad de expresión de Albanese. El magistrado entendió que las acciones adoptadas por el Gobierno estadounidense estuvieron vinculadas a sus críticas hacia la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza y a sus reiterados pedidos para investigar posibles crímenes de guerra.
Sin embargo, la administración estadounidense apeló el fallo y obtuvo una suspensión cautelar por parte de un tribunal superior, lo que permitió restablecer temporalmente las sanciones mientras continúa el proceso judicial.
Albanese había sido sancionada originalmente en julio de 2025 junto a magistrados, fiscales y juristas vinculados al Tribunal Penal Internacional (TPI). En aquel momento, Washington argumentó que la medida respondía a iniciativas impulsadas por la relatora para promover investigaciones judiciales contra funcionarios y empresas estadounidenses e israelíes.
La controversia judicial fue impulsada por Massimiliano Cali, esposo de Albanese, quien presentó una demanda también en representación de la hija menor de ambos, ciudadana estadounidense. Según la presentación, las sanciones afectaron significativamente la vida personal y profesional de la funcionaria, limitando sus desplazamientos hacia su residencia en Washington y su actividad vinculada a la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Además, la demanda sostiene que las restricciones impuestas derivaron en el congelamiento de bienes y cuentas, obligando a Albanese a operar únicamente con dinero en efectivo, situación que, según los denunciantes, podría entrar en conflicto con las garantías e inmunidades reconocidas a funcionarios y colaboradores de las Naciones Unidas.
Mientras la disputa continúa en los tribunales, el caso se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre la administración estadounidense y sectores internacionales que cuestionan la política israelí en Gaza.
