La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) seccional Entre Ríos manifestó su rechazo al proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno provincial y cuestionó el uso de la “emergencia” como argumento para avanzar sobre derechos laborales y jubilatorios.
La postura del gremio fue expresada por la secretaria general de la seccional entrerriana, Bibiana Starck, luego de las declaraciones del presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, quien sostuvo que la situación crítica del organismo justifica el tratamiento de una reforma bajo el marco de emergencia.
En un extenso comunicado, la UEJN advirtió que recurrir a esa figura podría habilitar medidas que afecten derechos adquiridos de los trabajadores judiciales, entre ellos la posible suspensión de la denominada “ley de enganche”, mecanismo que vincula las actualizaciones salariales de activos y jubilados.
Desde el sindicato remarcaron que los derechos previsionales “no son privilegios”, sino el resultado de años de aportes y trabajo dentro del Poder Judicial. En ese sentido, defendieron la continuidad del 82% móvil y del sistema de actualización salarial vigente.
La organización también sostuvo que el déficit de la Caja no puede atribuirse a los trabajadores y señaló que las dificultades del sistema responden a decisiones políticas y administrativas acumuladas durante años.
Además, cuestionó que se utilice como antecedente la suspensión del enganche aplicada durante la pandemia en la gestión de Gustavo Bordet, al considerar que una situación sanitaria excepcional no puede transformarse en argumento permanente para modificar el régimen previsional.
En otro tramo del documento, la UEJN apuntó hacia la Legislatura provincial y advirtió que el avance de una eventual reforma también dependerá del acompañamiento o rechazo de distintos sectores de la oposición en ambas cámaras.
El gremio insistió en que cualquier discusión sobre el sistema previsional debe darse en ámbitos de diálogo institucional y sostuvo que la solución no puede basarse en una reducción de derechos laborales ni salariales.
Finalmente, la entidad reafirmó su defensa de los trabajadores judiciales y advirtió que la emergencia “no puede convertirse en un cheque en blanco” para trasladar a los empleados públicos el costo de las dificultades económicas de la provincia.
