El concejal y abogado Juan Martín Garay presentó una denuncia penal por presuntas amenazas contra Carlos Máximo Acosta, conocido como “Carloncho”, actual jefe de Legales Zona Centro Oeste de ENERSA. La presentación fue radicada ante la Fiscalía y quedó encuadrada en el artículo 149 bis del Código Penal Argentino, que sanciona las amenazas destinadas a intimidar o amedrentar.
Según consta en la denuncia, el conflicto se originó luego de declaraciones públicas realizadas por Garay en un contenido audiovisual difundido por el portal Uruguayenses Digital y replicado posteriormente en redes sociales y medios regionales. En esa intervención, el edil cuestionó al ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, sobrino de Acosta.
De acuerdo al escrito judicial, tras esas manifestaciones Garay recibió un audio de WhatsApp atribuido a Acosta, en el que —según denunció— se habrían formulado amenazas vinculadas a su integridad física, su entorno familiar y su actividad laboral. El concejal sostuvo además que en el mensaje se hacía referencia al “cuarto piso”, sector donde funciona el Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, situación que incrementó su preocupación ante la posibilidad de un encuentro personal.
En la presentación, Garay afirmó que el contenido del audio le generó “zozobra” debido al “marcado tenor violento” de las expresiones y remarcó que ningún ciudadano debe quedar “en estado de indefensión y desamparo” frente a este tipo de hechos. Como parte de la prueba, puso a disposición su teléfono celular para que el material sea peritado y eventualmente desgrabado por personal especializado de la División Científica de la Policía de Entre Ríos.
Además de la denuncia penal, el edil solicitó medidas cautelares de protección. En concreto, pidió una restricción de acercamiento de al menos 200 metros respecto de su domicilio particular, su estudio jurídico y los lugares donde desarrolla funciones institucionales como integrante del Concejo Deliberante.
La causa quedó comprendida bajo el artículo 149 bis del Código Penal, norma que prevé sanciones para quien “hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar” a otra persona. Será ahora la Justicia la encargada de determinar el alcance de los hechos denunciados y si existió o no la configuración de un delito.
En el escrito, Garay también hizo referencia a la trayectoria pública y profesional de Acosta. Señaló que, además de desempeñarse como abogado y funcionario de ENERSA, anteriormente estuvo al frente del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 2 de Concepción del Uruguay, dependencia que posteriormente fue intervenida por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor.
Asimismo, mencionó la participación de Acosta en espacios radiales vinculados a la actividad política local y sostuvo que esos antecedentes evidencian conocimiento suficiente sobre las implicancias legales de sus expresiones y actos.
En paralelo, Garay promovió una presentación ante el Colegio de la Abogacía, donde cuestionó la conducta atribuida a Acosta desde el plano ético y profesional. Según argumentó, el contenido del audio podría constituir una falta grave a las normas de convivencia y respeto que regulan el ejercicio de la profesión.
La denuncia disciplinaria apunta a que el organismo evalúe una eventual vulneración al Reglamento de Ética Profesional aplicable a los abogados matriculados. A diferencia de la causa penal, que busca determinar si existió un delito, la actuación ante el Colegio analizará el caso desde el punto de vista deontológico y profesional.
Hasta el momento no trascendió una respuesta pública formal de Acosta respecto de las acusaciones formuladas por Garay ni sobre el contenido del audio incorporado a la causa. Tampoco se informó si la Fiscalía adoptó medidas inmediatas en relación con el pedido de restricción de acercamiento solicitado por el concejal.
Tanto el expediente judicial como la actuación ante el Colegio de la Abogacía se encuentran en una etapa inicial y serán las autoridades competentes quienes deberán determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.
