El bloque de concejales “Juntos por Uruguay” del Partido Justicialista presentó un proyecto de comunicación para manifestar su preocupación por la continuidad del cobro de un recargo en las facturas de energía eléctrica, pese a que el fondo fiduciario que le dio origen ya fue disuelto.
La iniciativa surgió luego de información oficial brindada por la Jefatura de Gabinete de Ministros ante el Congreso Nacional, donde se reconoce que el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal —creado en 1999 para financiar obras de infraestructura eléctrica de alta tensión— se encuentra actualmente disuelto y atravesando un proceso administrativo posterior a su cierre.
Sin embargo, según advierten los ediles, el cargo destinado originalmente a sostener ese fondo continúa siendo cobrado a usuarios residenciales, comerciales e industriales de todo el país.
De acuerdo al proyecto presentado, entre abril de 2025 y marzo de 2026 se habrían recaudado más de 38.600 millones de pesos bajo este concepto. Actualmente, esos recursos son administrados por el Ministerio de Economía de la Nación a través del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, aunque —afirman— sin una asignación específica vinculada a obras energéticas.
Desde el bloque señalaron que esta situación genera incertidumbre y falta de transparencia para los usuarios, ya que el cargo aparece incluido en las facturas bajo denominaciones generales que dificultan identificar su origen y destino.
En ese sentido, solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Economía y al ENRE que informen de manera detallada cómo se utilizan los fondos recaudados, qué obras fueron ejecutadas o proyectadas con esos recursos y cuál es la normativa vigente que regula actualmente el cobro.
Además, reclamaron que el cargo figure de forma clara y diferenciada en las boletas de energía, especificando el porcentaje aplicado, la forma de cálculo y el destino final de los fondos.
Los concejales también remarcaron que provincias como Entre Ríos, donde el costo energético impacta directamente en la actividad productiva, podrían verse beneficiadas si estos recursos se destinaran a aliviar las tarifas que afrontan hogares, comercios e industrias.
El proyecto incluye además el envío de una nota de repudio al Poder Ejecutivo Nacional y al ENRE por mantener el cobro de un cargo vinculado a un fondo ya disuelto, y propone remitir la iniciativa a otros Concejos Deliberantes de la provincia para promover adhesiones.
“Defender a los vecinos frente al peso creciente de las tarifas y exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos es una responsabilidad indelegable de este Concejo Deliberante”, expresaron desde el bloque impulsor.
