El Gobierno de Entre Ríos avanza por estas horas en la implementación de medidas para enfrentar la reiteración de amenazas en establecimientos educativos, con foco en la responsabilidad civil de las familias de los menores involucrados.
La definición surgió tras una reunión interministerial e interdisciplinaria que reunió a autoridades del Consejo General de Educación (CGE), la Policía de Entre Ríos, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el área de Justicia. Allí se evaluó que los padres o tutores de estudiantes identificados como autores de intimidaciones —como amenazas de bomba o tiroteos— deban asumir los costos de los operativos de seguridad desplegados en cada caso.
Según se informó, la medida se encuadra en la figura de reparación civil por daños y perjuicios, contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la responsabilidad de los adultos a cargo de los menores.
Durante el encuentro, del que participaron funcionarios provinciales y judiciales, se remarcó que este tipo de episodios implica un alto costo para el Estado. Cada activación de protocolos moviliza recursos humanos, tecnológicos y logísticos —incluidas brigadas especializadas— que demandan importantes erogaciones y afectan tareas de prevención del delito.
En ese sentido, se precisó que el gasto acumulado por estos operativos ya supera los 250 millones de pesos en la provincia.
Las autoridades señalaron además que, gracias al trabajo de investigación y rastreo digital, la Policía ha logrado identificar a la mayoría de los responsables en distintos puntos del territorio entrerriano, lo que permitirá avanzar con las acciones legales correspondientes para recuperar los costos.
Desde la mesa de seguimiento también se hizo un llamado a las familias a reforzar el control sobre el uso de dispositivos digitales por parte de niños y adolescentes. “No se trata de una broma, sino de un delito que genera alarma pública y un gasto significativo de recursos”, advirtieron.
