El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que obliga a todos los beneficiarios de pensiones por invalidez a reempadronarse, habilita auditorías periódicas y permite la suspensión automática del beneficio en caso de incumplimiento, mientras continúa sin aplicar la ley de emergencia en discapacidad sancionada el año pasado.
El texto, presentado como «ley contra el fraude de pensiones por invalidez», establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez en un plazo mínimo de 90 días, con una posible prórroga de 30 días. Quienes no cumplan con este requisito verán suspendido automáticamente el cobro del beneficio. Si la situación no se regulariza en los 60 días posteriores, el Poder Ejecutivo podrá disponer la baja definitiva mediante un acto administrativo.
El proyecto habilita auditorías periódicas con cruce de datos entre ANSES, la Agencia de Recaudación y el sistema tributario para detectar inconsistencias en la información socioeconómica y médica de los beneficiarios. También prevé la suspensión preventiva de las pensiones cuando se detecten irregularidades, hasta tanto se revise cada caso.
Además, introduce modificaciones en los criterios de acceso y permanencia. La pensión será incompatible con tener un empleo formal o estar inscripto en regímenes laborales. El monto del beneficio se fija en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, equivalente actualmente a 275.221 pesos.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que hubo un crecimiento exponencial de estas prestaciones, que pasaron de 76.000 en 2003 a cerca de 1.200.000 en 2023. Sin embargo, el mismo gobierno que alega combatir el fraude mantiene sin aplicar la ley de emergencia en discapacidad aprobada por ambas cámaras legislativas.
Mientras se exige a las personas con discapacidad que vuelvan a demostrar su condición y se las amenaza con la suspensión de sus ingresos, el Estado nacional sigue sin cumplir con las obligaciones que la propia ley le impone. El ajuste vuelve a recaer sobre los sectores más vulnerables, esta vez bajo el argumento de combatir supuestas irregularidades en un sistema que el propio gobierno desfinancia.
