El fiscal Franco Picardi solicitó 29 indagatorias, entre ampliaciones y nuevas citaciones, en la causa que investiga la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, tras detectar maniobras por 75.478.149.019 de pesos en la adjudicación de insumos de alto costo.
El requerimiento, fechado el 19 de marzo pero conocido en las últimas horas, incluye la ampliación de indagatorias para el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo; el extitular de Acceso a Servicios de Salud, Daniel Garbellini; el lobbista Miguel Ángel Calvete; Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. Además, el fiscal pidió convocar a otros 24 imputados, entre ellos empresarios y ejecutivos de firmas proveedoras del organismo.
El dictamen, elaborado junto al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, señala que la ANDIS funcionó como una ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional. Las nuevas maniobras detectadas abarcan los segmentos de amputación, audífonos, cardio, implante auditivo, neuro, sillas y andadores, y traumatología.
El direccionamiento de las compras
La investigación determinó que existió un direccionamiento permanente y una cartelización que implicó acuerdos de precios para facilitar las adjudicaciones a determinadas empresas desde el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones para Personas con Discapacidad, implementado a partir del 26 de junio de 2024.
En el segmento amputación, los fiscales detectaron que todas las compulsas de precios se realizaron convocando a un máximo de seis empresas, siempre las mismas: Profarma S.A., Indecomm S.R.L., Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L., Prolite Orthopedics S.R.L. y Resposane Salud S.A. Calvete competía contra sí mismo a través de Indecomm, mientras que las firmas Sagués pertenecen a una misma familia. Ambos grupos alternaban roles entre oferentes, adjudicatarios y participantes aparentes para garantizar la continuidad del direccionamiento.
De las 28 compulsas analizadas en el área amputación, se adjudicaron órdenes de compra por 5.683.980.000 de pesos entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. Las empresas vinculadas a Calvete recibieron el 47 por ciento de los fondos, mientras que las relacionadas con la familia Sagués obtuvieron el 52,9 por ciento.
En el segmento cardio, la suma distribuida superó los 15 mil millones de pesos. La empresa Farma Salud S.R.L., de Osmar Mariano Caballi, vinculado a Pablo Atchabahian y Daniel Garbellini, fue la principal adjudicataria.
El mensaje sobre el descuento del 3 por ciento
El dictamen incorpora un mensaje del 29 de agosto de 2025 en el que Claudio Kahn, empleado de Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A. y uno de los nuevos imputados, le escribe a Calvete: «Ya le descontaron el 3». Calvete respondió: «Muy buenooooo». La referencia coincide con el 3 por ciento de coima que, según audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, terminaba en manos de Karina Milei.
El 10 de septiembre de 2025, Ornella Calvete le preguntó a su padre por Kahn, y Calvete le respondió: «No hace falta… con el 3% para KM está perfecto». Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, fue procesada en esta causa. En un allanamiento realizado en su domicilio en octubre de 2025 se secuestraron 695.457 dólares, 19.996.200 pesos y 1.960 euros, dinero que la Justicia vincula a las maniobras ilegales en la ANDIS.
Los vínculos entre funcionarios y empresarios
El fiscal Picardi sostuvo que los nuevos hallazgos demuestran que más de veinte empresarios con más de treinta firmas formaron parte de un entramado delictivo conducido desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini, y desde el sector privado por Calvete y Atchabahian. Calvete cobraba entre un 12 y un 20 por ciento de las adjudicaciones gestionadas.
En julio de 2025, Garbellini envió a Calvete una imagen con un listado de firmas y montos «a cobrar» que llamó «ofrendas». Según el fiscal, ese dinero correspondía a empresas que debían cobrar adjudicaciones habilitadas irregularmente por Calvete, quien luego distribuía retornos a funcionarios públicos.
El dictamen también señala a Alan Pocoví, vinculado a la familia Menem, como uno de los encargados de canalizar los fondos ilegales. Calvete indicaba a los empresarios que llevaran el dinero a las oficinas de Madero al 900, donde operaba Pocoví.
La situación actual de la ANDIS
Fuentes del organismo indicaron que la ANDIS se encuentra con su presupuesto paralizado y con los trabajadores cobrando el sueldo en cuotas. Según denunciaron, hay 2.500 trámites de compra de medicamentos paralizados desde hace más de cinco meses, incluyendo tratamientos oncológicos, y más de 3.800 trámites de prestaciones de discapacidad demorados.
El presupuesto de la Secretaría Nacional de Discapacidad asciende a 5,2 billones de pesos, fondos que solo pueden destinarse a políticas públicas de discapacidad.
El requerimiento de indagatorias debe ser resuelto por el juez federal Ariel Lijo, a cargo del Juzgado N° 11, donde está radicado el expediente. La investigación continúa y el fiscal anticipó que es de esperar que se sigan sumando imputaciones.
