Un juez de Garantías permitió a una fiscal allanar el lugar de trabajo y el domicilio de un psicólogo en San José de Feliciano el viernes 6 de marzo de 2026, en el marco de una investigación penal por una denuncia de abuso que involucra a una menor. El procedimiento fue solicitado por la fiscal Gisela Muñiz y autorizado por el juez Emir Gabriel Artero, lo que derivó en operativos en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y en la vivienda del profesional Ernesto Quintana. La medida generó rechazo del psicólogo y de la Municipalidad local, que advirtieron sobre una violación al secreto profesional.
La investigación penal que impulsa la fiscal Muñiz buscaba obtener un informe diagnóstico elaborado por el psicólogo Quintana sobre una adolescente que había denunciado una situación de abuso. La joven había sido derivada por la Justicia para recibir atención psicológica y fue atendida en el Centro Integrador Comunitario de la ciudad, donde Quintana cumple funciones como trabajador de planta del Municipio.
La menor asistió a dos entrevistas con el profesional durante noviembre y diciembre de 2025. El tratamiento se inició luego de que no se pudiera brindar la atención en el Hospital Francisco Ramírez de Feliciano y el caso fuera derivado a un dispositivo municipal de acompañamiento en salud mental.
Allanamientos en el CIC y en la casa del psicólogo
La fiscalía intentó primero acceder a los informes psicológicos mediante un oficio judicial enviado a la Municipalidad de San José de Feliciano. El Municipio respondió que no podía entregar esa información por dos razones. El psicólogo se encontraba de vacaciones y el material estaba protegido por el secreto profesional que rige la práctica de la psicología.
La fiscal Muñiz consideró insuficiente esa respuesta y solicitó una orden de allanamiento. El juez de Garantías Emir Gabriel Artero firmó la autorización judicial que permitió el ingreso al Centro Integrador Comunitario para buscar la documentación vinculada a las entrevistas con la menor.
El procedimiento fue encabezado por el delegado judicial José Nicolás Morabes. El operativo se realizó en las instalaciones del CIC, pero los funcionarios no encontraron los informes que buscaban. Después de esa diligencia, la comitiva se trasladó hasta el domicilio particular del psicólogo Quintana y también realizó un allanamiento en ese lugar.
Durante el procedimiento surgieron cuestionamientos por la legalidad y la proporcionalidad de la medida. Desde el Municipio señalaron que ya habían explicado previamente que el CIC no conserva historias clínicas ni registros terapéuticos de los pacientes atendidos por profesionales de la salud mental.
El psicólogo Ernesto Quintana se refirió públicamente al procedimiento judicial. El profesional explicó que siempre actuó con compromiso en la protección de la salud mental, la defensa de las infancias y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.
El profesional sostuvo que su trabajo se rige por principios éticos estrictos. Quintana señaló que el deber de confidencialidad y el respeto por la intimidad de quienes consultan forman parte central del ejercicio de la psicología.
Fuerte rechazo del psicólogo y del Municipio
El psicólogo también expresó su respaldo a las víctimas de cualquier forma de violencia o abuso. Quintana remarcó que la escucha, la contención y la protección de quienes atraviesan estas situaciones constituyen prioridades en su tarea cotidiana.
Respecto del procedimiento judicial, el profesional advirtió que las medidas adoptadas resultaron desproporcionadas en relación con la información que buscaba la fiscalía. Quintana explicó que el secreto profesional no representa un privilegio personal del profesional, sino una garantía fundamental para las personas que buscan ayuda en el sistema de salud.
El psicólogo sostuvo que la confidencialidad protege derechos básicos de los pacientes. Quintana indicó que la intimidad y la dignidad de las personas que realizan tratamientos psicológicos dependen de que esa información permanezca resguardada.
La Municipalidad de San José de Feliciano también manifestó su preocupación por el operativo judicial. La administración del intendente Damián Arévalo expresó que el despliegue de un allanamiento en una dependencia municipal resultó llamativo e innecesario.
Las autoridades municipales aseguraron que siempre mantuvieron disposición para colaborar con la Justicia. El gobierno local explicó que la información solicitada podría haberse gestionado mediante canales administrativos entre organismos del Estado.
La asesora legal del Municipio, Guadalupe Pereyra, explicó que el Centro Integrador Comunitario no guarda historias clínicas ni registros de contenido terapéutico. La abogada indicó que el centro sólo conserva registros administrativos básicos de atención.
La funcionaria remarcó que revelar información de un proceso terapéutico implicaría violar el secreto profesional. Pereyra señaló que la documentación vinculada a tratamientos psicológicos se encuentra protegida por normas éticas y legales que resguardan la privacidad de los pacientes.
El Municipio también recordó que el Código Procesal Penal de Entre Ríos contempla mecanismos menos invasivos para solicitar documentación. La normativa prevé la posibilidad de requerir documentos mediante una orden de presentación antes de recurrir a medidas más gravosas como los allanamientos.
La administración municipal planteó además que la legislación establece límites claros cuando la información solicitada se encuentra bajo secreto profesional. Según el planteo oficial, la normativa procesal indica que esos requerimientos no deben dirigirse a profesionales que están obligados a preservar la confidencialidad de sus pacientes.
El caso generó un fuerte debate en la comunidad de Feliciano sobre los límites de las investigaciones judiciales cuando intervienen datos vinculados a la salud mental. El procedimiento dejó abierta una discusión sobre el respeto al secreto profesional y la protección de derechos sensibles en el sistema de justicia.
