Ante la posibilidad del “efecto contagio” con Santa Fe, el gobernador determinó un un incremento en los sueldos. La medida consiste en la actualización de la suma no remunerativa y no bonificable que se viene otorgando al personal de seguridad.
El Gobierno de Entre Ríos dispuso una actualización salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario provincial. El anuncio fue realizado por el gobernador Rogelio Frigerio y contempla un incremento en sumas no remunerativas y montos fijos, con el objetivo de recomponer los ingresos de uno de los sectores más postergados de la administración pública.
Con la nueva escala, un agente con un año de antigüedad pasará a percibir desde febrero un total de 1.302.000 pesos. La cifra contrasta con el salario inicial docente, que ronda los 621.000 pesos, y vuelve a poner en discusión la estructura salarial del conjunto de los trabajadores estatales provinciales.
La recomposición se aplicará mediante la actualización de los códigos 286 (riesgo y peligrosidad) y 244 (cargos jerárquicos). Además, se estableció una suma fija de 200.000 pesos para los rangos inferiores, que se incrementará progresivamente hasta los 350.000 pesos en el caso de las máximas jerarquías. Para el personal retirado de las fuerzas se fijó un adicional de 100.000 pesos.
Un anuncio en medio de la tensión interna
La decisión se da en un contexto de creciente malestar puertas adentro de las fuerzas de seguridad. Para marzo está prevista en Paraná una movilización de policías y familiares —la denominada “Marcha a la Casa Gris”— que reclama que los aumentos pasen a ser remunerativos y que el salario básico alcance para cubrir la canasta familiar sin depender de sumas fijas o bonos.
Con esta medida, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y el ministro de Economía, Fabián Boleas, buscan enviar una señal hacia el interior de la fuerza y contener el descontento antes de que la protesta prevista cobre mayor dimensión política.
El antecedente de Santa Fe
La rapidez con la que se resolvió la mejora salarial también está vinculada a lo ocurrido recientemente en la vecina provincia de Santa Fe, donde manifestaciones de efectivos policiales y del servicio penitenciario generaron tensión y pusieron en debate la operatividad del sistema de seguridad.
En ese contexto regional, el Ejecutivo entrerriano procura evitar un “efecto contagio” y garantizar la estabilidad de un área considerada sensible en el actual escenario social.
