La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de reforma del régimen penal juvenil que establece la edad de imputabilidad en 14 años, con 149 votos a favor y 100 en contra, y giró el expediente al Senado para su tratamiento.
El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el respaldo de sus aliados tradicionales (PRO, UCR, Innovación Federal, MID y bloques provinciales) para aprobar el texto en general. Unión por la Patria presentó dos dictámenes de minoría y, según fuentes de la bancada, anticiparon que el proyecto «se va a judicializar». También votaron en contra el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca y los diputados Jorge «Gato» Fernández y Natalia De la Sota.
LLA no insistió en su premisa inicial de establecer la imputabilidad a los 13 años para obtener los consensos necesarios. La diputada Laura Rodríguez Machado, miembro informante, señaló que «el consenso del Congreso ha establecido 14 años». El oficialismo accedió además a quitar del dictamen la obligación de que la privación de libertad sea en «una sección separada de un establecimiento penitenciario», tal como solicitó el bloque Provincias Unidas.
Cuestionamientos
Provincias Unidas, si bien no expresó diferencias con la edad, cuestionó que no se especificaron partidas presupuestarias para financiar la implementación. Propusieron un artículo para que el Ministerio de Justicia transfiera fondos a las provincias, pero LLA no aceptó los cambios.
El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó que el oficialismo «no plantea una acción en lo educativo, de inclusión o promoción de derechos».
Contenido del proyecto
El texto crea un régimen penal aplicable a adolescentes de 14 a 18 años imputados por delitos del Código Penal. Las penas van de 3 a 10 años, e incluyen sanciones alternativas como amonestaciones, servicio comunitario, monitoreo electrónico o privación de libertad (domiciliaria, en instituto abierto o especializado).
El presupuesto estipulado supera los 23 mil millones de pesos: 3 mil millones del Ministerio de Justicia y 20 mil millones de la Defensoría General de la Nación. Las provincias podrán firmar convenios para implementar el régimen.
