Desde diciembre de 2025 comenzó a tomar estado público el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno Nacional, iniciativa que busca reemplazar a la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, sancionada oportunamente con un amplio consenso político y social. En este contexto, la diputada nacional Marianela Marclay participó el último viernes en Paraná de una reunión entre legisladores nacionales entrerrianos y la conducción de AGMER, con el objetivo de intercambiar posiciones frente a la propuesta oficial.
Durante el encuentro, Marclay, junto a los diputados Guillermo Michel y Blanca Osuna y el senador Adán Bahl, ratificó su respaldo a la legislación vigente, destacando que fue una herramienta clave para revertir la fragmentación del sistema educativo y la desfinanciación que había generado la Ley Federal de Educación.
“Resulta fundamental comparar ambos marcos normativos, porque en múltiples aspectos la nueva iniciativa implica un claro retroceso en el rol del Estado como garante del derecho a la educación”, sostuvo la diputada.
La ley actual reconoce a la educación como un derecho humano fundamental y un bien público, cuya garantía es una responsabilidad indelegable del Estado, concebida como política pública permanente. En contraposición, el proyecto oficial pone el acento en el derecho preferente de las familias a elegir la educación de sus hijos y promueve el concepto de “educación abierta”, incluso sin certificación oficial. “De aprobarse esta ley, el Estado deja de ser garante y pasa a ocupar un lugar secundario, trasladando la mayor carga de responsabilidad a los padres”, advirtió Marclay.
Otro de los puntos cuestionados es la fuerte descentralización que propone la iniciativa en materia de contenidos y planes de estudio, al permitir que cada institución educativa los diseñe de manera autónoma. Actualmente, esos lineamientos son definidos por las autoridades educativas provinciales, en consonancia con los acuerdos del Consejo Federal de Educación.
Asimismo, la legisladora señaló su preocupación por la definición de la educación como “servicio esencial”. “Esta calificación avanzaría sobre el derecho constitucional a huelga de los trabajadores de la educación, ya que el proyecto establece la obligación de garantizar una ‘continuidad mínima del servicio educativo’”, explicó.
Enseñanza alternativa y financiamiento
El proyecto también habilita modalidades como la educación domiciliaria, a cargo de los padres o de personas designadas por ellos, y contempla entornos virtuales de aprendizaje, incluso a través de instituciones no radicadas en el país. Bajo la noción de educación abierta, se reconoce el derecho de cualquier persona humana o jurídica a organizar, ofrecer o recibir enseñanza fuera del sistema educativo formal.
En materia de financiamiento, Marclay remarcó otra diferencia sustancial. La ley vigente fija que la inversión en educación no puede ser inferior al 6 % del Producto Bruto Interno. En cambio, la propuesta del Ejecutivo incorpora instrumentos como vales, bonos, becas y créditos fiscales, sin precisar qué ocurriría con el piso presupuestario hoy garantizado por ley.
Un cambio de paradigma
“Este proyecto modifica de raíz la concepción de la educación como política de Estado: plantea el pasaje de un Estado garante del sistema educativo a uno con un rol subsidiario”, concluyó Marclay.
Según la diputada, al priorizar la responsabilidad de las familias por sobre la del Estado, éste se desentiende de situaciones críticas, como la inasistencia escolar de niños y jóvenes. A su vez, bajo la idea de mayor autonomía, se habilitan la educación en el hogar y planes de estudio propios definidos por cada establecimiento, lo que profundizaría las desigualdades.
Finalmente, recordó que declarar esencial a la educación básica implica limitar el derecho a huelga mediante la imposición de “guardias mínimas”. “No tengo dudas de que el sistema educativo necesita reformas profundas, pero no creo que esta Ley de Libertad Educativa sea la vía adecuada, al menos para quienes entendemos la educación como una herramienta central de equidad y movilidad social”, concluyó.
