El Consejo Directivo del INTA aprobó hoy medidas de reestructuración que incluyen la elaboración de un plan de retiros voluntarios, que podría regir a partir del 1° de marzo, mientras crece la preocupación por la posible pérdida de personal técnico especializado.
El Consejo instruyó a la Dirección General de Administración (DGA) que elabore el programa de retiros voluntarios y lo eleve para su análisis y eventual aprobación en la próxima reunión. Desde entidades que integran el Consejo manifestaron su preocupación por que la medida afecte el funcionamiento y el rol técnico del organismo, solicitando que se instrumente a través de un programa específico para evitar la salida de «cuadros técnicos formados».
Según datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el INTA cuenta con 5.791 empleados y la intención del Gobierno sería recortar 1.700 puestos. Desde el inicio de la gestión, ya se registraron 878 bajas por distintas causas (bajas, retiros, cesantes, renuncias y jubilaciones). Julieta Boedo, delegada de ATE, calificó el panorama como «alarmante», alertando sobre la posibilidad de que luego se avance con más despidos.
Plan de reestructuración
A fines del año pasado, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, presentó a la Mesa de Enlace un plan de achique organizado en siete ejes, con una agenda que se extendería hasta abril de 2026. Entre las principales medidas se incluyen:
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Revisión de más de 200 programas y líneas de trabajo para definir continuidades, reformulaciones o cierres.
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Fusión de los 15 centros regionales actuales en cuatro o cinco macrorregiones administrativas.
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Evaluación del funcionamiento de estaciones experimentales y agencias para detectar superposiciones y mejorar la eficiencia operativa.
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Baja de todas las cooperadoras vinculadas al INTA (sin precisiones operativas aún).
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Venta de siete predios identificados: uno en el AMBA (a disposición de la AABE) y seis en las regiones de Catamarca; Chaco-Formosa; Buenos Aires Norte; Mendoza; Patagonia Norte y Santiago del Estero, que serán evaluados por los Consejos Regionales.
El Gobierno busca además la «desafectación» de 33.836 hectáreas que, según una auditoría oficial, se encuentran actualmente «en desuso» y sin utilidad para experimentación. Un documento oficial detalla que se han detectado aproximadamente 42.000 hectáreas sin destino a actividades de experimentación o producción.
El Consejo Directivo está integrado por representantes del Estado y del sector agropecuario y académico, aunque faltan las designaciones por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y por las Facultades de Veterinaria, cuyas ternas fueron enviadas pero no elegidas aún por el Gobierno.
