Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska que obligue al estado argentino a detallar la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas de oro.
El requerimiento sacudió al Banco Central ya que en la entidad que preside Santiago Bausili admiten que la operación con el oro podría exponer a las autoridades a una causa penal.
El pedido de los demandantes se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del gobierno para evitar el pago de la sentencia de 16.100 millones de dólares.
Según los demandantes, el país incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.
Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que Argentina presentó a un expositor “deliberadamente no preparado”, lo cual consideran una maniobra de obstrucción en el proceso de descubrimiento de bienes.
Los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
En el cuerpo de la nota presentada al tribunal el 21 de enero, los abogados afirmaron que “el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.100 millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 millones en reservas de oro”. Los demandantes argumentaron que la falta de respuestas es “grave y continua” y que el daño económico es mayor debido a que el precio del metal alcanzó un máximo histórico.
Audiencia y honorarios
La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos. Según el texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, posee información directa sobre el traslado de los activos, resaltando que “el jefe de (Santiago) Bausili” (presidente del Banco Central) y que ambos están en “contacto continuo vía grupo de chat”.
Ante esta situación, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal “obligue a la República a proporcionar de inmediato una declaración jurada identificando la ubicación, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro”.
En caso de que el Gobierno alegue falta de acceso a la información del BCRA, pidieron celebrar una “audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos”.
Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la Argentina pagar los “honorarios razonables de abogados” de los demandantes por su conducta obstructiva.
