El Ejecutivo busca vencer la resistencia de los sindicalistas con la flexibilización del capítulo que pone límites a las asambleas y el posible sostén por un período de las “cuotas de solidaridad”.
El Gobierno le hizo saber a la CGT su disposición a suavizar nuevos aspectos de la reforma laboral para garantizarse una postura menos intransigente del sindicalismo de cara al tratamiento parlamentario. La posibilidad de realizar asambleas en los lugares de trabajo sin permiso de los empleadores, y de sostener las denominadas “cuotas solidarias” más allá de su vencimiento y por un período a determinar antes de obligar a su renegociación figuran en el pliego de concesiones que el sector dialoguista del Ejecutivo ya le transmitió a la cúpula de la central obrera.
Esas prerrogativas, se suman a los ofrecimientos del oficialismo de acotar el número de actividades consideradas “esenciales” y por lo tanto sujetas a restricciones máximas a la hora de realizar un paro.
La idea de flexibilizar el cepo a la actividad sindical dentro de las empresas fue pensada para otorgarles a los gremios un argumento triunfal a las bases respecto de una salvaguarda a la capacidad de deliberación con los trabajadores. Mientras que el estiramiento de la “ultraactividad” de las cuotas solidarias buscará instalar la percepción de que la reforma no apunta a romper los sindicatos sino a “actualizar su rol”.
El permiso del patrón
Entre las modificaciones a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales figura un punto que obstaculiza el desenvolvimiento habitual del activismo dentro de las empresas: señala que cada gremio “podrá convocar a asambleas de personal y congresos de delegados, siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa ni cause perjuicio a terceros” y añade que “en caso de celebrarse una asamblea dentro o fuera del establecimiento del empleador, deberá contarse con su autorización previa”.
El articulado también prevé descontar del sueldo el tiempo insumido en una asamblea de trabajadores y de paso tipifica una serie de conductas consideradas “infracciones muy graves” y, por lo tanto, sujetas a despido con causa, entre las que se mencionan “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza”, promover bloqueos y generar daños sobre la propiedad del empleado.
Los negociadores admitieron que podría retirarse la obligación de contar con autorización previa del empresario para la realización de asambleas, un punto que en cualquier caso está destinado a ser objetado en la Justicia por el sindicalismo y también ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por entender que es violatorio del derecho de asociación y protesta.
De enemiga a interlocutora
Este fin de esta semana el Gobierno prevé tomar contacto con la CGT a través del equipo de la senadora y exministra Patricia Bullrich, quien aseguró que la central obrera había manifestado “buena predisposición” para ese diálogo.
Para la mayor central obrera, Bullrich pasó en pocos meses de ser una de sus mayores rivales a un canal de interlocución válido con el Ejecutivo, una consideración que comparten el asesor Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Es que con este núcleo de funcionarios los sindicalistas encontraron una receptividad mayor que con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sindicado por el sector como el principal cruzado antiobrero y antisindical de la administración libertaria.
