La Justicia Federal de Rafaela procesó a dos exautoridades de la cooperativa láctea por la apropiación indebida de aportes sociales de trabajadores entre 2020 y 2024, en una causa que investiga una evasión superior a los 1.600 millones de pesos.
La Justicia Federal procesó a dos exdirectivos de la cooperativa láctea Sancor por la apropiación indebida de aportes de trabajadores, en una causa que se tramita en la ciudad de Rafaela, que se conoció este viernes 9 de enero y que involucra a exautoridades de la firma por hechos ocurridos entre los años 2020 y 2024.
El juez federal de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, dictó el procesamiento de dos expresidentes del Consejo de Administración de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas por no depositar los aportes retenidos a los empleados con destino al Sistema Único de la Seguridad Social. El magistrado también ordenó el embargo de bienes de cada imputado hasta cubrir la suma de 90 millones de pesos.
La resolución judicial aceptó el pedido formulado por el fiscal federal Gustavo Onel, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, y rechazó la solicitud de suspensión de juicio a prueba planteada por la defensa. La decisión fue adoptada el 17 de diciembre pasado y se dio a conocer públicamente en las últimas horas.
La investigación judicial se inició el 29 de diciembre de 2023, cuando trabajadores de la planta de Sunchales denunciaron ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe que la empresa no realizaba los depósitos correspondientes a los aportes jubilatorios ni a los vinculados al sistema de obras sociales, pese a haberlos retenido de los salarios.
El Ministerio Público de la Acusación remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Rafaela en febrero de 2024, al considerar que se trataba de un posible delito tributario federal. En paralelo, empleados de la planta ubicada en la ciudad bonaerense de Don Torcuato presentaron una denuncia similar ante la Justicia Federal de San Isidro, que luego fue acumulada en Rafaela.
La causa determinó que el primer imputado, presidente del Consejo de Administración entre febrero de 2020 y octubre de 2022, incurrió en 17 hechos de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Al segundo exdirectivo, que ocupó el cargo entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, se le atribuyeron otros 16 hechos de la misma naturaleza.
Según las constancias del expediente, la cooperativa actuaba como agente de retención de los aportes, pero no ingresaba los fondos dentro de los plazos legales. El monto total evadido por estas maniobras asciende a 1.644.440.882,68 pesos, de acuerdo a los informes incorporados a la causa.
El fiscal Onel sostuvo que la empresa practicó las retenciones a los trabajadores, pero no las depositó, lo que permite presumir un accionar deliberado de apropiación indebida. Como prueba, la investigación reunió denuncias de empleados, ratificaciones judiciales, informes previsionales de la AFIP, documentación del INAES y registros de autoridades de la cooperativa.
En su resolución, el juez Cuello Murúa afirmó que los imputados conocían su obligación legal de depositar los aportes retenidos y que existió voluntad de incumplir con ese deber. El magistrado señaló que el accionar tuvo como finalidad una mejora patrimonial indebida, en función del elevado monto involucrado.
El juez concluyó que las conductas investigadas constituyen un obrar intencional y voluntario, y consideró acreditada la responsabilidad de los imputados en esta etapa del proceso. Además de los embargos, dispuso que los exdirectivos se sometan al procedimiento judicial, informen cualquier cambio de domicilio y no obstaculicen la investigación, mientras avanza la causa en el fuero federal.
