A partir del 1 de enero de 2026, la receta electrónica será de uso obligatorio y pleno en la provincia de Entre Ríos, tras un año de convivencia con el formato en papel, en el marco de la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.553.
La implementación se realiza a través del sistema Salud Digital Entre Ríos (Sader). Según las autoridades, el procedimiento para el paciente no presenta cambios respecto al formato en papel, pero para el sistema implica mayor transparencia, control, trazabilidad de medicamentos y eficiencia en la gestión de compras.
Javier Segovia, director de Innovación y Desarrollo en Salud, destacó que todos los efectores públicos ya pueden emitir recetas electrónicas mediante Sader y que se avanzó para que los medicamentos recetados desde el sistema público puedan retirarse en farmacias privadas aplicando los descuentos según la cobertura del paciente.
Implementación en OSER: La Obra Social de Entre Ríos (OSER) detalló el procedimiento, que será obligatorio para todos los medicamentos que cubre:
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Sin autorización (medicamentos del plan ambulatorio): El médico entrega al afiliado el número de receta electrónica. En farmacia se retira presentando DNI y ese número.
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Con autorización: Incluye planes crónicos, oncológicos y patologías especiales. Requiere que el médico complete la receta electrónica y un formulario específico de OSER. El afiliado debe presentar el número de receta, el formulario y estudios complementarios en una sede de OSER para su autorización antes del retiro en farmacia.
Aclaraciones clave de OSER:
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Las recetas en papel expedidas hasta el 31/12/2025 mantienen su vigencia.
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Las autorizaciones vigentes para medicamentos crónicos, oncológicos y especiales mantienen su validez con la documentación actual.
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El médico prescriptor debe ser prestador de OSER.
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Este procedimiento no involucra el uso de la aplicación MI.OSER.
La implementación requirió desarrollos informáticos para integrar sistemas y contemplar las particularidades de cada obra social. El sistema también prevé la emisión de recetas para personas sin cobertura, que representan cerca del 90% de las prescripciones del sector público.
