Tras semanas de debate público y fuerte repercusión social, los concejales Alejandro Dus y Pablo Presas analizaron la decisión de no avanzar con la suspensión del Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental. Ambos fijaron postura frente al decreto impulsado por el intendente José Lauritto y coincidieron en la necesidad de revisar el COTA con mayor claridad y participación.
Por: Matías Dalmazzo
El conflicto por el Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental (COTA) atravesó la agenda pública de Concepción del Uruguay entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre, generó un fuerte debate social y político, y tuvo como protagonistas al Departamento Ejecutivo Municipal, al Concejo Deliberante y a distintos sectores de la comunidad. En ese contexto, los concejales Alejandro Dus y Pablo Presas brindaron su opinión sobre lo ocurrido, analizaron la decisión de no tratar la suspensión del COTA y se refirieron al impacto que tuvo una medida que puso en alerta a la sociedad uruguayense y expuso tensiones internas dentro del ámbito institucional.
La polémica se originó con el decreto del intendente José Lauritto que proponía una suspensión transitoria del COTA por un plazo de tres meses, una iniciativa que despertó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, colegios profesionales y vecinos. En este contexto y una semana atrás, este medio publicó la versión del concejal Juan Martín Garay, presidente del bloque de del PJ, y del jefe comunal; quienes explicaron los motivos administrativos de la propuesta y la posterior decisión de dejarla sin efecto ante la falta de consenso social.
Luego de escuchar a dos voces oficialistas y de reconstruir el recorrido institucional del decreto, el debate abrió paso a las miradas opositoras dentro del Concejo Deliberante. En esta oportunidad, tomaron la palabra dos concejales de distintos espacios políticos, Alejandro Dus, de La Libertad Avanza, y Pablo Presas, de Juntos por Entre Ríos; quienes coincidieron en la necesidad de revisar el COTA, pero marcaron diferencias en torno a la oportunidad, la comunicación y el alcance de la medida impulsada por el Ejecutivo.
Ambos ediles compartieron la idea de que el Código vigente presenta falencias que deben corregirse, aunque señalaron que la suspensión transitoria no era el camino adecuado. Mientras Dus puso el foco en la falta de información y en la presión social que rodeó al decreto, Presas remarcó los problemas prácticos que hoy genera el COTA y planteó una revisión técnica y participativa como salida de fondo para evitar nuevos conflictos.
El análisis de Dus sobre la falta de información y el debate público
-¿Qué lectura política hace de la decisión final del Concejo Deliberante de no tratar la suspensión del COTA, luego de semanas de fuerte debate público?
-Creo que estuvimos a la altura de las circunstancias porque convocamos a todos los actores involucrados y fuimos escuchando a cada uno, solicitando también la intervención del Ejecutivo en la Comisión de Obras Públicas, que yo presido, para que brindara sus informes.
Aun así, no nos alcanzó y pedimos ampliación de información, como por ejemplo sobre los proyectos que estaban aún bajo la normativa del COU sin finalizar, sin terminación de obra.
Entonces creemos que todo el nivel con el que avanzamos, y la seriedad con la que tratamos el tema, hicieron también recapacitar al Ejecutivo en que era una medida totalmente fuera de lugar.
-Desde su mirada, ¿qué fue lo que realmente llevó al intendente José Lauritto a dar marcha atrás con el decreto: la falta de consenso social, el costo político o una combinación de factores?
-Yo pienso que, por la altura del año, se pensó que no iba a tener la repercusión que tuvo, que al ser por un período tan corto no se iba a generar la polémica que se generó.
A su vez, creo que se evaluó que la oposición no se iba a poner tan firme ni a indagar puntualmente en cada una de las cosas que podían afectar.
Y bueno, más allá de nuestra ideología y de nuestras posturas políticas con respecto al COTA, que tiene sus falencias, la medida perdía total sentido faltando tan poco tiempo para que se cumplieran los dos años y empezar a trabajarse la revisión del COTA.
Estamos a cuatro o cinco meses de que el COTA empiece a ser revisado y ajustado a la realidad, en función de lo que se detectó en las falencias de estos dos años que se ha implementado.
-¿Cree en la explicación del intendente cuando afirma que se trataba de una medida administrativa y que decidió retirarla por convicción democrática, o considera que fue un repliegue frente a la presión social?
-Creo que fue una combinación de factores, no solamente la falta de consenso social y el costo político por la presión que estábamos imponiendo desde la oposición en cuanto a nuestras posturas, sino también la del sector privado.
Por ahí se utilizaba como excusa que el sector privado era el que tenía la necesidad de esta reversión, de esta regresión del COU, pero tampoco mostraron una postura en la cual estuvieran de acuerdo. Primero, porque era un período muy corto; segundo, porque no fueron avisados con anticipación como para rever y planificar en función de esta medida.
Al punto de que, cuando fueron convocados los inversores inmobiliarios, los agrimensores y los escribanos, luego de que ellos se reunieran previamente -puntualmente los inmobiliarios en el CECOM-, no concurrieron a la Comisión de Obras Públicas y decidieron que sea así, de no concurrir, dado que les parecía algo totalmente desacertado únicamente suspenderlo por tres meses, estando esta revisión del COTA de manera tan cercana.
Entonces, no solamente estaba la presión social y la falta de consenso, sino que también los principales beneficiados tampoco se mostraron muy interesados.
-¿Entiende que el Ejecutivo municipal comunicó de manera clara y oportuna los alcances del decreto desde el inicio, o que esa falta de información fue clave para que creciera el rechazo?
-Creo que nunca se terminó de entender qué es lo que pretendía el Ejecutivo con este decreto. Nosotros recibimos la visita de Rubén Delsart en la Comisión de Obras Públicas, donde intentó dar una explicación del porqué de este decreto, pero ni aun así nos quedó claro.
Fue mucho el pedido de ampliación de información y de detalles para tener más claridad, porque como presidente no iba a permitir que avanzara el expediente sin que los concejales contáramos con toda la información necesaria para tomar una decisión, más allá de las posturas políticas o ideológicas que uno pudiera ir teniendo o anticipando.
Era mucha la información que faltaba y, como presidente de Obras Públicas, había pedido por nota a la viceintendenta (Rossana Sosa Zitto) que tramitara la ampliación de información para que, en las reuniones sucesivas de la comisión, a partir de esos datos se pudieran tomar las decisiones correctas.
-A lo largo de estas semanas de polémica, ¿cómo evalúa la postura que sostuvo el bloque de La Libertad Avanza dentro del Concejo y qué rol cree que debe asumir la oposición ante este tipo de decisiones del Ejecutivo?
-Nosotros desde un primer momento tomamos una postura prudencial. No íbamos a tomar una decisión a las apuradas, ni tampoco nos hicimos mucho eco de la repercusión que tuvo a nivel social, a pesar de que recibimos ataques de todo tipo, como si tuviéramos algún interés, cuando en realidad no lo había.
A nosotros este decreto nos tomó por total sorpresa: no sabíamos nada, no conocíamos tampoco esta necesidad que sentía el Ejecutivo de tener que sacarlo, y más aun faltando tan poco para lo que se mencionó anteriormente sobre la revisión del COTA.
Por lo tanto, nos manejamos de manera prudente, tomándonos nuestro tiempo para escuchar a los diferentes actores, como mencioné anteriormente, y procurando que esto no se usara políticamente para ningún lado, sino para el beneficio de los uruguayenses.
Claramente, suspenderlo por tres meses, encima en un período de fiestas, de recesos y de vacaciones, era totalmente a destiempo y fuera de lugar, y aun pasada toda la tormenta seguimos sin entender bien qué pretendía el Ejecutivo con esta medida.
Pero consideramos que fue acertado volver para atrás, dar marcha atrás con la medida y descartar el decreto.
Presas planteó la necesidad de una revisión técnica y participativa
-¿Cómo analiza el hecho de que finalmente el Concejo Deliberante no haya tratado la suspensión del COTA y que el decreto haya quedado sin efecto por el paso del tiempo?
-El retiro del decreto es una decisión política del oficialismo que respetamos. Si no había consenso social suficiente, insistir era aumentar la tensión. Pero también hay que decir con claridad que acá no se resolvió el problema de fondo: tenemos un código urbanístico que en varios puntos no está funcionando en la práctica.
Desde nuestro bloque de Juntos por Entre Ríos, actuamos con responsabilidad. No hicimos especulación política ni ruido mediático: trabajamos técnicamente, escuchamos a todos los sectores y estuvimos dispuestos a acompañar una solución transitoria muy acotada, no para retroceder, sino para ordenar trámites y evitar conflictos legales.
-¿Ustedes estaban a favor del decreto del Ejecutivo?
-En mi caso personal sí, estaba dispuesto a acompañarlo pero con modificaciones sobre las que estábamos trabajando desde el HCD. No por alineamiento político, sino porque veíamos un problema concreto: expedientes trabados y reglas que no están funcionando bien en la práctica. Pero siempre dejando intactas las cuestiones ambientales y con la certeza de estar ampliando un régimen de transición normativa entre un código que se usó por más de 24 años y un nuevo código urbano que hoy ya se encuentra plenamente vigente.
-¿Entonces ahora apoyan que se haya retirado?
-Respetamos la decisión. Si no hay consenso social, forzar una norma no es sano. Pero también decimos algo con claridad: retirar el decreto no resuelve el problema de fondo.
-¿Cuál es el problema de fondo?
-El COTA tiene aspectos valiosos, pero también puntos débiles. Algunas regulaciones están mal calibradas y hoy generan demoras innecesarias, incertidumbre y pérdida de oportunidades para la ciudad. Sólo para dar dos ejemplos, la estación de servicio de calle 9 de julio y Ugarteche necesitaba una nueva habilitación que el COTA no permitía y tuvimos que dar una excepción, excepciones que justamente el COTA venía a solucionar, imagínese lo que sería ir a cargar nafta a las afueras de la ciudad.
También hay serios problemas con la protección patrimonial de las casas y locales de la ciudad, dónde hay criterios muy amplios y subjetivos de protección que hoy está causando serios inconvenientes y frena muchas inversiones nuevas, a modo de otro ejemplo, una firma comercial que al no poder modificar mínimamente una fachada para adecuarla a la imagen comercial de sus sucursales en otras localidades, decide no invertir en nuestra ciudad.
Y así numerosos inconvenientes que frenan la inversión y la generación de empleo en Concepción del Uruguay.
-¿Hay que derogar el COTA?
-No. Nadie plantea volver atrás. Lo que decimos es algo más simple y más sensato: hay que revisarlo y corregirlo donde haga falta, como el propio código prevé cada dos años.
-¿Por qué el decreto generó tanta polémica?
-Porque quizás se comunicó mal y se llenó de fantasmas. Hubo interpretaciones erróneas o incompletas sobre el alcance del decreto, las cuales estábamos solucionado conjuntamente desde el HCD. No se derogaba el COTA, no se liberaba nada, no se retrocedía en materia ambiental. Se proponía un régimen transitorio muy acotado para cerrar trámites pendientes y agilizar la transición. Eso se perdió en la discusión pública.
-¿El Intendente hizo bien o mal en retirar el decreto?
-Tomó una decisión política atendiendo a la falta de consenso. Lo importante ahora no es juzgar el gesto, sino trabajar todos juntos para que el COTA funcione mejor: Ejecutivo, Concejo, colegios profesionales y ciudadanía.
-¿Qué propone ahora el bloque opositor de Juntos por Entre Ríos?
-Tres cosas muy concretas: primero: activar la Comisión Asesora del COTA, como marca la ordenanza, segundo: iniciar la evaluación técnica a los dos años que el propio código prevé, y tercero: corregir los artículos que hoy frenan el desarrollo sin retroceder en protección ambiental. Nuestra postura es clara: oposición responsable.
No hacemos circo con los problemas. El decreto se retiró, pero la ciudad sigue necesitando reglas claras, ágiles y modernas. Y eso se logra revisando el COTA con participación y sentido común.
