El Gobierno nacional avanzó con un plan de ajuste sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que incluye la posible venta de tierras, recortes de programas y reducción de personal, una situación que impacta de lleno en la Estación Experimental de INTA Concepción del Uruguay, ubicada sobre la Ruta Provincial 39, y que se conoció en los últimos días a partir de documentos oficiales y publicaciones periodísticas que involucran a la gestión de Javier Milei y a las autoridades del organismo.
El plan oficial prevé el remate de 42 mil hectáreas del INTA en todo el país, el cierre de agencias, la eliminación de programas y un fuerte achicamiento de la estructura operativa. En Entre Ríos, las estaciones experimentales de Paraná y Concepción del Uruguay aparecen mencionadas como posibles afectadas, mientras que Concordia habría quedado, al menos por ahora, fuera de ese esquema de reducción.
El documento que circuló en las últimas reuniones del Consejo Directivo del organismo plantea la eliminación de más de 80 programas, el cierre de 293 agencias de extensión rural, la reducción de centros regionales y la implementación de retiros voluntarios como herramienta para achicar la planta de trabajadores. La iniciativa generó alarma entre técnicos y empleados, que ya anunciaron protestas frente a la sede central del INTA.
La situación no es menor para Concepción del Uruguay, donde funciona una de las tres estaciones experimentales de la provincia. Sin embargo, la sociedad uruguayense aparece poco vinculada a la defensa del INTA, en gran parte porque históricamente no se comunicó con claridad qué se investiga, qué se produce y qué impacto tiene ese trabajo en la región. Desde afuera, el predio sobre la Ruta 39 es conocido, pero puertas adentro casi nadie sabe qué sucede.
Cada vez que una autoridad nacional visita la Estación Experimental, la información que se difunde es escueta, genérica y sin detalles concretos, lo que contribuye a sembrar dudas sobre la real importancia del organismo. Esa falta de datos, lejos de fortalecer el respaldo social, debilita cualquier intento de defensa pública frente a un ajuste de esta magnitud.
En ese contexto, días atrás el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe, recorrió la Estación Experimental de INTA Concepción del Uruguay junto a su directora, Natalia Villalba, y responsables de área. La comunicación oficial se limitó a señalar que el funcionario “se interiorizó sobre los proyectos que se desarrollan en el lugar”, sin mencionar cuáles son, qué alcance tienen ni qué beneficios generan para la producción regional.
La figura de Villalba es otro punto que llama la atención. En la ciudad se sabe muy poco de su rol, de las investigaciones que se realizan bajo su gestión y de la posición institucional frente al ajuste. Esa ausencia pública contrasta con la relevancia estratégica que debería tener la dirección de una estación experimental, comparable al peso institucional de un decano universitario. La falta de visibilidad alimenta la percepción de que no existe una resistencia fuerte para defender los puestos de trabajo ni los proyectos en marcha.
Mientras tanto, el plan oficial avanza. El Gobierno proyecta transferir tierras a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, reducir la estructura del INTA a cuatro grandes regiones y redefinir las líneas de investigación, dejando afuera programas vinculados a la agricultura familiar y al desarrollo territorial. Todo eso impacta de manera directa en regiones productivas como Entre Ríos.
La combinación de ajuste, silencio institucional y escasa comunicación hacia la comunidad deja a la Estación Experimental de Concepción del Uruguay en una posición frágil. Sin información clara y sin una voz local fuerte que explique qué está en juego, el respaldo social se diluye, y con él la posibilidad de frenar un proceso que puede marcar un antes y un después para la producción y el conocimiento agropecuario en la región.
En ese marco, la Estación Experimental del INTA de Concepción del Uruguay cumplió 69 años el pasado 5 de diciembre, con un acto interno donde se reconoció la trayectoria de trabajadores con décadas de servicio. El festejo incluyó menciones a empleados con 20 y hasta 35 años de labor, pero volvió a quedar puertas adentro: pese a casi siete décadas de existencia, la mayoría de los vecinos no sabe qué se investiga, qué se produce ni qué función concreta cumple el INTA local. La celebración pasó sin apertura hacia la comunidad y reforzó una postal repetida: una institución histórica, clave para la región, pero desconectada de la sociedad uruguayense, que sigue mirando el predio de Ruta 39 sin conocer qué sucede detrás de sus tranqueras.
