El Gobierno nacional formalizó el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, una iniciativa que deroga la Ley de Educación Nacional (LEN) de 2006 y que, según especialistas, implica un cambio estructural del sistema educativo argentino. El texto introduce un modelo centrado en la “libertad de elección” de las familias, reduce la responsabilidad estatal, habilita el uso generalizado de vouchers y modifica el esquema de financiamiento y organización escolar. Gremios docentes anticiparon una campaña de rechazo cuando la iniciativa ingrese al Congreso.
El proyecto tiene 43 páginas, 166 artículos y ya fue publicado en la web del Consejo de Mayo. Su orientación queda clara desde el primer artículo: la familia es definida como “agente natural y primario de la educación”, por encima del Estado, cuya función pasa a ser subsidiaria de la sociedad civil. Para especialistas como Roxana Perazza, este cambio implica “lo más preocupante y grave del proyecto”, porque desplaza a un Estado históricamente considerado garante del derecho a la educación.
Perazza integra un grupo académico que elaboró un documento crítico que ya reunió más de 2.500 firmas y que será presentado ante legisladores. En él se afirma que la propuesta representa “el fin del sistema educativo nacional y federal”, porque fragmenta el sistema, habilita múltiples agentes educativos y promueve una lógica competitiva.
Un modelo más segregado
Roberto Abdala, magister en Políticas Educativas y director de la carrera de Educación de la UNQ, advierte que el proyecto “va a generar un sistema aún más segregado”, porque al reforzar la primacía de la familia y el financiamiento por demanda se consolidaría una estructura desigual: un sistema empobrecido para sectores vulnerables y otro de mayor jerarquía para quienes puedan acceder a mejores opciones.
El financiamiento es uno de los cambios centrales. El Gobierno elimina la referencia al 6% del PBI como meta de inversión educativa e incorpora dispositivos de financiamiento por demanda —vouchers, becas o bonos— en todos los niveles. Las asignaciones se calcularían en función de la matrícula, promoviendo competencia entre escuelas. El criterio rector será la “eficiencia”, entendida como uso racional de recursos, reducción de desigualdades y eliminación de gastos improductivos.
El texto formaliza además el financiamiento estatal a escuelas privadas. En comparación con el borrador inicial, se retiró el artículo que igualaba los aportes entre escuelas públicas y privadas y otro que habilitaba espacios de educación confesional en instituciones estatales.
Autonomía escolar, reducción de horas y cambios en la selección docente
La propuesta también redefine la organización escolar. Las instituciones podrán formular sus propios planes de estudio basados en lineamientos generales nacionales. Deberán garantizar un mínimo de 720 horas anuales en primaria y secundaria, una cifra inferior al cronograma aprobado para 2026 (760 y 900 horas respectivamente).
Asimismo, las escuelas podrán participar en la selección de docentes, un proceso que actualmente está en manos de las jurisdicciones. El proyecto incluye además la declaración de “esencialidad educativa”, lo que limitaría de hecho el derecho de huelga docente. Desde Ctera anticiparon su rechazo y señalan que la reforma implica “un retroceso histórico” y un avance en la “privatización y mercantilización” de la educación.
Más poder para las familias y avance del «homeschooling»
Otro eje del proyecto es el incremento del rol de las familias, que contarán con un “Consejo Escolar de Padres” con funciones de asesoramiento, supervisión y participación en decisiones estratégicas. Incluso podrían intervenir en la contratación y remoción del equipo directivo y en la elaboración del reglamento escolar.
También se incorpora de manera explícita el homeschooling dentro de las “formas alternativas de enseñanza”. Se habilita la educación en el hogar o en entornos virtuales guiada por los responsables parentales, con evaluaciones estandarizadas basadas únicamente en contenidos mínimos nacionales y jurisdiccionales. Para Perazza, el proyecto “atrasa” y desatiende debates actuales sobre cómo mejorar el formato escolar frente a nuevas problemáticas. “El Gobierno está mirando una realidad peculiar para derogar una ley que sólo tiene veinte años”, concluye.
