El vocal, con fuerte arraigo en Concepción del Uruguay, fue elegido por los nueve integrantes del STJER y dialogó en exclusiva con La Calle tras su nombramiento; antes de iniciar el mandato que comenzará en febrero.
Por: Matías Dalmazzo
El martes 2 de diciembre, los nueve miembros del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) designaron por unanimidad a Germán Reynaldo Francisco Carlomagno como presidente del STJ, que significa Superior Tribunal de Justicia, cargo que comenzará a ejercer desde febrero de 2026. El vocal, que tiene una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial, se hizo un espacio para dialogar en exclusiva con la redacción del diario La Calle. La comunicación telefónica se realizó este viernes a las 13 horas, luego de una gestión de este medio para acceder a su palabra.
La entrevista permitió repasar distintos momentos de su vida y su carrera, desde su llegada a Concepción del Uruguay hasta su ingreso al Alto Cuerpo en 1993. El magistrado recordó con afecto los años que pasó como interno en la Fraternidad, su formación en el Colegio Nacional José T. Urquiza y el fuerte vínculo que mantiene con la ciudad, que considera parte esencial de su identidad. También repasó sus primeros años en el ejercicio privado de la abogacía, las causas más relevantes en las que intervino y el impacto que tuvieron en su formación profesional.
En la conversación, además, adelantó cuáles serán las líneas de continuidad que integrarán su gestión y cómo entiende el rol institucional de la presidencia. Y anticipó su mirada sobre dos ejes que atraviesan el presente judicial y que se desarrollarán en recuadros dentro de esta nota: por un lado, las expresiones de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado sobre la situación del sistema judicial; y por otro, el conflicto salarial planteado por AJER, sigla que identifica a la Asociación Judicial de Entre Ríos.
-¿Cómo fue su llegada a Concepción del Uruguay y qué recuerdos conserva de su paso por la Fraternidad y el Colegio Nacional?
-En realidad, yo no nací en Concepción del Uruguay, nací en Victoria. Mi nacimiento se dio allí porque la familia de mi padre es de esa ciudad y, en ese momento, mis padres estaban viviendo allá. Después de eso recorrí distintas partes de la provincia: viví en Concordia, viví un tiempo en Paraná y, finalmente, en 1963, mientras estábamos en Concordia, falleció mi padre. A raíz de esa situación me fui a Concepción del Uruguay, donde ingresé como interno en la Fraternidad. Estuve allí desde 1964 hasta 1967, que fue cuando terminé el bachillerato en el Colegio Nacional José T. Urquiza. Todo mi secundario lo hice allí.
Guardo muchísimos recuerdos de esa etapa. En esa época la Fraternidad funcionaba como un internado al que llegábamos chicos que luego íbamos a distintos colegios: al Colegio Nacional, a la Escuela Normal o a la Industrial. Cuando yo ingresé habría entre 110 y 120 internos. Recuerdo con mucho afecto a Hugo Petrone, que era el director, y al profesor Bernardo Slavin, que era el vicedirector y vivía con nosotros en el internado. De ese tiempo hice muchos amigos que conservo hasta hoy, y cuando terminé el secundario me fui a Buenos Aires a estudiar abogacía.
Si bien nací en Victoria, yo me considero una persona de Concepción del Uruguay. Hice allí el secundario, y cuando me recibí en Buenos Aires volví a la ciudad, donde trabajé como abogado y nacieron mis hijos. Permanecí en Concepción del Uruguay hasta 1993, año en que me ofrecieron venir al Superior Tribunal de Justicia durante el gobierno de Mario Armando Moine. Hasta ese momento, toda mi vida adulta había transcurrido en Concepción del Uruguay y conservo una enorme cantidad de amistades de allí.
-Antes de su designación como vocal en 1993, usted tuvo una etapa intensa en el ejercicio privado de la abogacía. ¿Cómo recuerda ese período y cuáles fueron los trabajos más relevantes que llevó adelante?
-Esa etapa de trabajo privado fue muy importante para mí porque me permitió intervenir en asuntos de gran envergadura. Después de estudiar abogacía en la UBA y volver a Concepción del Uruguay, trabajé en el Juzgado Federal de la ciudad junto a abogados de Concordia y Buenos Aires en todas las expropiaciones necesarias para poner en marcha el complejo de Salto Grande. Para avanzar con esa obra hubo que trasladar toda una ciudad y una amplia zona que abarcaba Federación, Chajarí y alrededores, y todos los juicios de quienes no estaban conformes con lo que ofrecía el gobierno, o que tenían problemas con los títulos de sus tierras, se tramitaban allí.
También participé en causas vinculadas a las servidumbres de electroducto, es decir, en los procesos relacionados con la instalación de las torres y el trazado de la línea eléctrica. Eran expedientes muy numerosos y complejos que, además del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, nos llevaron a trabajar en el de Paso de los Libres, donde también se tramitaban algunos casos. Fue un período de muchísimo movimiento profesional, en el que recorrimos distintos puntos y gestionamos una gran cantidad de juicios hasta su conclusión.
Paralelamente, atendí a una cooperativa de electrificación rural ubicada en San Cipriano, la Cooperativa General Urquiza, que en ese momento estaba desarrollando obras de electrificación en toda la zona. Trabajé con ellos hasta que me trasladé a Paraná y guardo un recuerdo muy afectuoso de esa experiencia. Era gente excelente, muy comprometida, y hasta el día de hoy mantengo contacto con algunos de ellos, lo que para mí tiene un gran valor personal y profesional.
–En 1993 usted pasó de la actividad privada a integrar el Superior Tribunal de Justicia. ¿Cómo recuerda ese salto a la función pública y qué causas o momentos de estos 32 años dentro del STJ le quedaron especialmente grabados?
-Lo recuerdo con un sentimiento muy positivo. Venía de varios años dedicados al ejercicio privado de la abogacía y, de pronto, recibí el ofrecimiento de integrar el Superior Tribunal de Justicia. Para quienes somos abogados, formar parte del cuerpo máximo de justicia de la provincia es una gran distinción y también una enorme responsabilidad. A mí me gustó desde el primer momento, lo viví como un reconocimiento, y hasta hoy sigo sintiéndome plenamente identificado con ese desafío.
Desde que ingresé al Tribunal, en 1993, formo parte de la Sala Laboral, una de las tres salas en las que se divide el STJ, junto con la Penal y la Civil. Además de esas competencias específicas, también intervenimos en cuestiones contencioso-administrativas y en los juicios de amparo. A lo largo de estos 32 años pasaron por nuestras manos gran cantidad de expedientes, muchos de ellos con enorme impacto social. Esa amplitud de materias hace que el trabajo sea variado y siempre exigente.
Una etapa que recuerdo especialmente es la de los bonos federales. Fue un período muy particular, porque prácticamente los sueldos de la administración pública se pagaban mediante amparos. Los trabajadores debían presentar sus reclamos ante el Tribunal para poder cobrar, lo que generó un volumen de causas extraordinario. Era una agitación constante y un movimiento judicial impresionante, que reflejaba una situación socioeconómica delicada a nivel nacional. Por la intensidad y por las necesidades que había detrás de cada expediente, es una época que tengo muy presente.
También me tocó intervenir en juicios penales en ocasiones en que los miembros de la Sala Penal no podían participar y debíamos subrogarlos. Allí afronté causas muy complejas, como el caso del exgobernador Sergio Urribarri, que implicó un análisis profundo y un tratamiento muy cuidadoso. Otra causa que me marcó fue la muerte de una joven contadora en Gualeguaychú por un descuido médico. Aunque el Tribunal ya la resolvió, tengo entendido que aún sigue en la Corte. Son situaciones muy duras, que quedan grabadas por su impacto humano y jurídico.
En el fuero laboral, que es donde desempeño mi función desde el inicio, la cantidad de causas también es muy grande. Recibimos numerosos expedientes sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que requieren un estudio detallado y una respuesta seria. Es un ámbito con mucho movimiento y una gran carga de trabajo, pero cada caso tiene detrás a personas que esperan justicia. Todo este recorrido, con sus dificultades y responsabilidades, forma parte de una trayectoria que valoro profundamente.
-Para los lectores que no formen parte del ámbito judicial ¿Cuál es realmente el rol del presidente del Superior Tribunal de Justicia y qué atribuciones tiene dentro del Poder Judicial?
–El presidente del Superior Tribunal no es el jefe del Poder Judicial ni ejerce un poder individual sobre su funcionamiento. El poder lo tiene el Superior Tribunal como cuerpo colegiado, integrado por sus nueve miembros. El presidente actúa como representante del Tribunal y del Poder Judicial en distintos actos institucionales y además se encarga de dirigir la administración y la superintendencia, que es un trabajo muy amplio y exigente.
Su función no es comparable a la de un gobernador o a la de un presidente del Poder Ejecutivo. No toma decisiones unipersonales ni define rumbos en soledad. Como somos nueve, es necesario que haya alguien identificado como interlocutor y organizador, pero todas las decisiones de fondo corresponden al cuerpo en su conjunto. La presidencia existe para facilitar el funcionamiento y canalizar trámites internos, no para ejercer un mando personal.
-En este período que le toca presidir el STJ, ¿cuáles serán sus primeras iniciativas y cómo piensa encarar la gestión?
–Lo primero que quiero dejar en claro es que el Superior Tribunal es uno solo y su política también es una sola. Quien asume la presidencia no llega para cambiar la línea de trabajo ni para imponer una impronta personal, sino para continuar las políticas que el cuerpo ya definió. En ese sentido, mi tarea consiste en seguir con la gestión que venimos llevando adelante, sostenerla y acompañar los procesos que ya están en marcha.
Por supuesto, el año próximo surgirán nuevas iniciativas, porque la dinámica institucional lo exige, pero siempre en el marco del trabajo colectivo. Entre los nueve integrantes hay una excelente relación y nada que requiera “acomodarse” o corregirse. Acá no existe la lógica del poder ejecutivo, donde una sola persona puede decidir un rumbo. En el Superior Tribunal todo depende de los nueve y así debe funcionar. Por eso es importante aclarar que la presidencia no implica un cambio de historia, sino la continuidad del trabajo común.
-¿Qué le diría a un estudiante que está terminando el secundario y comienza a estudiar Derecho, con la intención de seguir una carrera judicial como la que usted construyó? ¿Qué consejo le daría a ese joven que, de algún modo, también fue usted?
–Mire, ya que me hace esa pregunta, siempre recuerdo que desde que salí del colegio secundario y me fui a estudiar a Buenos Aires, tuve la posibilidad de trabajar en temas vinculados a la justicia. Primero lo hice en un estudio jurídico y después me desempeñé como empleado en tribunales allá. Esa experiencia temprana, de estar cerca del funcionamiento real del sistema judicial, fue determinante para mí y marcó el rumbo que después seguí durante toda mi vida profesional.
Por eso, cuando pienso en un joven que inicia Derecho con vocación y entusiasmo, creo que lo más importante es que no se limite únicamente al estudio formal de la carrera. La formación académica es fundamental, no lo pongo en duda, pero debe complementarse con la práctica desde el primer momento posible. Es en la práctica donde uno comienza a comprender de verdad cómo funcionan los tribunales, cómo se tramitan los expedientes, cómo se relacionan los distintos actores del sistema y cuál es la dinámica cotidiana de la justicia.
Además, acercarse a la práctica desde temprano ayuda a confirmar la vocación. Uno aprende a conocer las exigencias del oficio, los ritmos, las responsabilidades y también las satisfacciones que implica trabajar para resolver conflictos ajenos. Esa experiencia otorga una madurez que no se adquiere solo con los libros. Y, en definitiva, termina construyendo una base sólida para cualquier camino dentro del ámbito judicial.
En resumen, lo que yo le diría es que estudie, que se prepare, que se forme con seriedad, pero que no postergue la práctica. Que busque participar, aunque sea modestamente, en ámbitos donde pueda observar y aprender. Que se acerque a los tribunales, a estudios jurídicos, a cualquier espacio donde pueda ver cómo se ejerce el derecho en la realidad. Porque es allí donde empieza, de verdad, la carrera judicial.
-¿Hay algo que desee agregar o destacar respecto al momento que atraviesa el Poder Judicial y a su futura gestión?
–No, en realidad no hay un tema puntual que haya quedado pendiente. Estoy esperando que llegue febrero, cuando nos toque asumir formalmente, para tener un panorama más amplio y preciso de todas las cuestiones que están en marcha dentro del Poder Judicial. A partir de ese momento, podremos evaluar con mayor claridad cada situación y avanzar en las líneas de trabajo ya establecidas. Ese es el objetivo central: continuar y llevar adelante lo que corresponde.
También quiero remarcar que, cuando ustedes quieran, podemos volver a comunicarnos entre febrero y marzo para seguir conversando y profundizar en los temas que vayan surgiendo. Siempre es importante mantener un diálogo claro y directo con la comunidad, y este tipo de entrevistas ayudan a transmitir lo que uno está pensando y trabajando.
Y, por supuesto, quiero enviar un saludo muy grande a la gente de Concepción del Uruguay. Tengo muchos amigos allí y prefiero no nombrar a nadie en particular para no dejar a nadie afuera. Vuelvo seguido a la ciudad, incluso antes de enero voy a estar por allá, así que siempre es un gusto mantener ese vínculo. Muchas gracias por la entrevista y quedo a disposición para seguir en contacto.
Entre Ríos, lejos de la “agonía silenciosa”
–Usted es una persona con larga trayectoria dentro del Poder Judicial y conoce el funcionamiento del sistema desde adentro. En los últimos meses, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado habló públicamente de una “agonía silenciosa” en la justicia argentina. ¿Cómo recibió esa declaración y qué interpretación hace de esas palabras?
-Mire, en primer lugar, yo no leí textualmente las declaraciones de la doctora Arroyo Salgado, pero sí me las comentaron y las escuché mencionadas en los medios. Ella es una figura relevante dentro del ámbito judicial y tiene una trayectoria importante, pero también es cierto que pertenece de manera exclusiva a la Justicia Federal. Por eso, cuando utiliza una expresión tan fuerte como “agonía silenciosa”, entiendo que habla desde esa experiencia particular y desde los problemas propios de ese fuero. No me parece que su afirmación abarque al conjunto de las justicias provinciales.
La Justicia Federal tiene dinámicas, presiones y niveles de exposición muy distintos a los que vivimos quienes formamos parte de los poderes judiciales de las provincias. Allí se tramitan causas de enorme resonancia pública, muchas veces ligadas a cuestiones políticas o económicas de alcance nacional. Ese contexto genera tensiones que no necesariamente se reproducen en lugares como Entre Ríos. Por eso insisto en que su diagnóstico debe leerse dentro del marco específico en el que ella se desempeña y no como una sentencia general sobre todo el país.
Además, no creo que la doctora Arroyo Salgado pueda extender ese concepto a todas las jurisdicciones provinciales. No imagino que su mirada pueda aplicarse, por ejemplo, a la realidad judicial de Jujuy o a la de nuestra provincia. Cada poder judicial tiene su estructura, su nivel de recursos, su organización interna y su forma de abordar los conflictos. Generalizar puede llevar a conclusiones equivocadas, porque la justicia en Argentina es muy heterogénea y funciona de maneras distintas según el territorio.
Yo no digo que todo esté perfecto, porque siempre hay cuestiones para mejorar y desafíos que atender. Pero de ninguna manera comparto la idea de una “agonía silenciosa” en términos amplios. Sería como si yo emitiera una opinión tajante sobre la justicia del Chaco sin trabajar allí ni conocer sus particularidades. Las instituciones deben ser analizadas desde adentro, con conocimiento de causa. Y en ese sentido, siento que las palabras de ella responden a un ámbito muy puntual: la Justicia Federal, de la cual forma parte.
Si traemos la mirada a Entre Ríos, puedo decirle que, en líneas generales, nuestra justicia funciona bien. Naturalmente existen personas que pueden no estar conformes, como sucede en cualquier sistema donde se resuelven conflictos y donde siempre hay una parte que pierde. Pero eso no significa que el funcionamiento sea deficiente. Nuestro desafío es explicar con claridad por qué se toma cada decisión, sobre todo a quienes no obtienen el resultado que esperaban. Esa tarea pedagógica es fundamental para sostener la confianza pública.
En resumen, respeto la opinión de la doctora Arroyo Salgado, pero la ubico en el contexto específico del fuero federal. No considero acertado trasladar esa expresión a todo el país. Dentro de Entre Ríos, desde mi experiencia, veo una justicia que trabaja, que responde y que, con sus fortalezas y sus dificultades, está lejos de encuadrarse en la idea de una “agonía silenciosa”.
Tensiones salariales y el desafío de sostener el servicio judicial
-AJER anunció tres nuevos paros para reclamar mejoras salariales dentro del Poder Judicial. ¿Cómo analiza usted este conflicto y qué lectura hace de la situación salarial que plantean los trabajadores?
–Mire, yo conozco que los trabajadores judiciales no están conformes y que están reclamando ajustes salariales. Eso es lo que sé con claridad. Y es un reclamo que, por supuesto, está dentro de sus derechos. No puedo decir mucho más porque, de una u otra manera, nosotros también formamos parte de esta realidad y tenemos responsabilidades institucionales dentro del esquema general del Poder Judicial. Por eso debo ser prudente, pero también sincero respecto de lo que observo.
Puede ser —y no lo descarto— que quienes reclaman tengan razones concretas para hacerlo. La situación económica que vive el país es compleja, afecta a todos los sectores y naturalmente repercute en los ingresos de los trabajadores. Yo no quiero descalificar un reclamo por descalificar. No corresponde y no sería serio. Los reclamos salariales son parte de la vida institucional y deben ser escuchados y evaluados con la seriedad que merece cualquier demanda vinculada a la dignidad laboral.
-Este tipo de medidas de fuerza, como los paros anunciados, afectan el funcionamiento de la justicia entrerriana?
–Sí, influyen. No puedo decir otra cosa, porque sería negar la realidad. Todo paro tiene algún impacto en el funcionamiento de un servicio, y la justicia no es la excepción. Sin embargo, desde el Superior Tribunal lo que hacemos es asegurar, por todos los medios, la continuidad de la prestación del servicio. Ese es nuestro deber fundamental: garantizar que la ciudadanía pueda seguir llevando adelante sus trámites, resolviendo sus conflictos y accediendo a las instancias judiciales sin que el sistema se detenga.
Nosotros no podemos permitir que la justicia se paralice. Nuestro rol implica mantener abierto el canal de resolución de los problemas de la gente, incluso en contextos conflictivos. Por eso actuamos para sostener el funcionamiento esencial, aun cuando existan medidas de fuerza. La gente depende de que la justicia siga trabajando, y esa responsabilidad es irrenunciable.
