El gobierno de Estados Unidos dispuso la suspensión del procesamiento de solicitudes migratorias provenientes de 19 países catalogados oficialmente como “de alto riesgo”. La determinación fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) luego del ataque ocurrido recientemente en Washington D.C., en el que un ciudadano afgano fue señalado como responsable de la muerte de una oficial de la Guardia Nacional y de causar heridas a otro integrante de la fuerza.
La medida, comunicada por la administración Trump el martes por la noche, establece la interrupción temporal de todos los trámites de inmigración iniciados por personas nacidas o con ciudadanía en los países alcanzados por la resolución. El DHS indicó que la decisión guarda relación directa con los hechos investigados en la capital estadounidense y con la revisión de las políticas migratorias vigentes, según lo publicado por The Washington Post.
Los países incluidos en la suspensión son Afganistán, Myanmar (Birmania), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. La lista sigue los lineamientos de una proclamación presidencial difundida en junio, que ya había establecido restricciones parciales o totales de ingreso para ciudadanos de estas naciones. Organizaciones y especialistas han señalado que la medida constituye una limitación casi total de movilidad para los nacionales de dichos territorios, aunque el Gobierno la enmarca exclusivamente en criterios de seguridad nacional.
El memorando del DHS detalla que todas las personas alcanzadas deberán atravesar un proceso de revisión adicional, que puede incluir entrevistas nuevas o ampliadas, evaluaciones específicas y controles destinados a identificar cualquier riesgo potencial. También se menciona que podrá reevaluarse cada caso de forma individual en función de otras causales de inadmisibilidad previstas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, normativa que —según explicó Todd Pomerleau, abogado de inmigración del estudio Rubin & Pomerleau en Boston— otorga a la Presidencia la facultad de rechazar solicitudes basándose en criterios amplios contemplados en la ley vigente.
Pomerleau explicó a The Washington Post que es probable que la resolución sea objeto de presentaciones judiciales, ya que la suspensión implica una revisión adicional sobre la nacionalidad, lugar de nacimiento o antecedentes del solicitante. En ese marco, recordó que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 se implementaron programas de registro obligatorio para hombres mayores de 16 años provenientes de países de mayoría musulmana, medidas que años después fueron cuestionadas y finalmente eliminadas en 2011.
El abogado también remarcó que la pausa en la tramitación podría incrementar la carga administrativa del sistema migratorio, ya que procesos que anteriormente demandaban varios meses podrían extenderse significativamente debido a la incorporación de nuevos controles y pedidos de documentación adicional, generando esperas prolongadas para quienes ya se encuentran en curso.
La decisión se conoció después de que el presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, anunciaran la intención de endurecer las políticas migratorias a raíz del tiroteo en Washington D.C. El sospechoso del ataque es un ciudadano afgano de 29 años, que obtuvo asilo en Estados Unidos en abril y que había colaborado previamente con un grupo antiterrorista vinculado a la CIA. Noem declaró haber recomendado al presidente la adopción de una “prohibición total de viaje” para países cuyos ciudadanos hayan cometido delitos en territorio estadounidense, sin aportar mayores detalles sobre los casos mencionados.
La secretaria también comunicó la implementación de verificaciones más estrictas para todos los solicitantes de ingreso, que incluyen la revisión de perfiles en redes sociales, el refuerzo de controles biométricos y la presentación obligatoria de antecedentes en el país de origen. Además, se incorporarán requerimientos de reportes anuales ante las autoridades migratorias para quienes se encuentren dentro del sistema de admisión.
Por su parte, expertos en derecho migratorio consultados por The Washington Post señalaron que los aspirantes ya están sometidos a procesos minuciosos. Sameer Ashar, profesor de la Universidad de California en Irvine, explicó que el DHS dispone de herramientas legales y administrativas para examinar los antecedentes y determinar el cumplimiento de todos los requisitos. De manera similar, la profesora Raquel Aldana, de la Universidad de California en Davis, expresó que el incremento de controles podría superponerse con las causales de inadmisibilidad ya definidas por el Congreso, agregando evaluaciones adicionales que no siempre están claramente delimitadas dentro del marco normativo actual.
