Un tiroteo ocurrido el 26 de noviembre a pocas cuadras de la Casa Blanca, donde dos miembros de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos, ha impulsado el anuncio de medidas migratorias más restrictivas por parte del gobierno de Donald Trump.
El ataque, que Trump calificó como «acto terrorista», tuvo como blanco a efectivos de la Guardia Nacional que realizaban labores de «patrulla de presencia» en la capital estadounidense. Los dos soldados afectados debieron ser hospitalizados, mientras que el presunto atacante, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años, recibió un disparo no mortal de otro miembro de la Guardia.
Según las autoridades, Lakanwal habría llegado a Estados Unidos en 2021 en un vuelo de evacuación tras la toma de Kabul por los talibanes, beneficiándose de un permiso temporal de residencia a través de un programa autorizado por Joe Biden que otorgó estatus similar a más de 70.000 afganos. Trump canceló la mayoría de estos programas meses atrás.
En respuesta al incidente, el presidente afirmó que la llegada de «extranjeros no autorizados» constituye la «mayor amenaza para la seguridad nacional» y anunció que «reexaminará a cada extranjero que haya entrado en nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden», garantizando «la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca a este país».
Horas después del tiroteo, la agencia encargada del procesamiento de visas suspendió todas las solicitudes de ciudadanos afganos. Esta postura se alinea con medidas anteriores de Trump, quien en junio impuso restricciones a viajeros de 19 países luego de que un egipcio con visa vencida lanzara una bomba incendiaria contra una manifestación proisraelí en Boulder, Colorado.
El tiroteo también afecta el despliegue de la Guardia Nacional. Una jueza federal había dictaminado recientemente que su presencia en la capital era ilegal, aunque aplazó la decisión hasta el 11 de diciembre para permitir apelaciones. La administración Trump ya ha citado el ataque en sus documentos legales, mientras la Corte Suprema considera un caso aparte sobre el despliegue de la Guardia en Chicago.
Como consecuencia inmediata, Trump convocó a 500 guardias adicionales a Washington DC. Críticos del presidente argumentaron que el incidente era el «precio inevitable de su uso performativo de la Guardia Nacional», mientras que simpatizantes del movimiento MAGA lo consideraron una prueba de los problemas de delincuencia en la capital.
